M+.- Las protestas de trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social encendieron ya los focos rojos en el gobierno de Claudia Sheinbaum; la solicitud de un aumento salarial de hasta 10 por ciento es un problema financiero que se está negociando con los liderazgos —y que muy seguramente quedará arreglado el próximo 14 de octubre con un aumento salarial integrado cercano a 7 por ciento—, pero el reclamo por la falta de insumos médicos se enmarca en otro contexto, forma parte de un problema estructural del sistema de salud que rebasa por mucho las responsabilidades del organismo.
Esta columna tuvo acceso a información de que en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Raquel Buenrostro ya fueron instruidos para tomar cartas en el asunto y sancionar a los responsables del desabasto, ya sean estos funcionarios públicos o proveedores privados. La problemática no es exclusiva del Seguro Social; no obstante, la coyuntura obliga a colocar a este instituto como el prioritario.
Fiel a su estilo, Buenrostro inició con acciones extremas la semana pasada: exigió al titular del IMSS, Zoé Robledo, relevar de sus funciones a todo el personal responsable de abasto y, al mismo tiempo, inició procedimientos de rescisión de contratos a laboratorios y distribuidoras de insumos y fármacos que tienen incumplimientos o retrasos. La consigna es que si falta un solo medicamento de ser entregado se rescinda el contrato, siempre sin importar las circunstancias.
Aunque en la lógica pura la solución parece la adecuada, las medidas de Anticorrupción también apuntan a una profundización de la crisis de desabasto; esto porque según los registros del propio IMSS hasta 90 por ciento de sus proveedores presentan algún nivel de retraso en el cumplimiento de sus contratos, por lo que este mismo porcentaje de empresas quedaría inhabilitada en un proceso regular sancionatorio.
El resultado por sí mismo sería catastrófico, pues por lo menos por un par de años se dejaría a estas compañías sin posibilidad de participar en contrataciones públicas; es prácticamente la totalidad de la industria de insumos sanitarios con las manos amarradas para surtir el sector salud, justo cuando estaría por correrse el proceso de compra consolidada de medicamentos para el periodo 2029-2030. El gobierno saldría a comprar en un mercado donde no habría proveedores habilitados; por lo que casi la totalidad de las claves quedarían desiertas.
El riesgo ya se hizo del conocimiento de la presidenta Sheinbaum, quien sostuvo una reunión en días pasados con Robledo y con el director del sistema IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch. Ambos funcionarios le hicieron ver a su jefa que las razones de los retrasos en la entrega de medicamentos no precisamente están en su cancha y, muchas veces, ni siquiera en la de los proveedores. Habría que revisar el sistema de compra y distribución de fármacos.
La responsabilidad de la compra de los insumos para todos los institutos de salud está en manos de Birmex y a ellos les corresponde también la distribución. Si bien se han mejorado los sistemas para adquirir en un solo procedimiento más de 3 mil millones de piezas de medicamentos, la logística para hacerlas llegar a su punto final de destino es todavía un reto. Hay historias de proveedores a quienes no llega aún la orden para surtir productos o que tienen éstos detenido en los almacenes del ente comprador.
El llamado de Robledo y Svarch es a analizar cada caso y a mejorar la coordinación entre la compradora de fármacos Birmex y los institutos usuarios, de tal forma que el equipo de Raquel Buenrostro castigue a quienes verdaderamente tienen incumplimientos injustificados y, por otro lado, se apoye aquellos proveedores que se han quedado atrapados en la burocracia de la distribución.
La premisa es hacer justicia, pero nunca acabar con el mercado o con la industria nacional y sobre todo que los que necesitan el medicamento se queden sin ellos durante meses por una mala decisión.