M+.- El anuncio sobre el decomiso de 59 millones de litros de combustible presuntamente ilegal en una terminal de almacenamiento de Guanajuato, presentado inicialmente como uno de los mayores golpes contra el huachicol, comienza a convertirse en un problema para las propias autoridades que participaron en el operativo y, particularmente, para la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy.
Lo que en un principio se presumió como un gran resultado de las labores de inteligencia y procuración de justicia del Ministerio Público y de las corporaciones nacionales, ahora corre el riesgo de exhibir una falla en la integración del caso, luego de que la empresa operadora de la terminal, Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo Simsa, acreditara que sus instalaciones cuentan con los permisos necesarios para operar y negara haber incurrido en actividades ilícitas.
El asunto, sin embargo, todavía está abierto. La FGR sostiene que las empresas relacionadas con los 59 millones de litros no han acreditado por completo el origen, manejo y destino lícito del combustible, mientras que la compañía ha entregado documentación para demostrar la legalidad de sus operaciones. La diferencia no es menor: una cosa es la legalidad de la terminal y otra, la procedencia del producto almacenado.
Y precisamente ahí puede encontrarse el punto que termine por definir el caso. Gas Natural del Noroeste no es una instalación improvisada ni una empresa aparecida de la noche a la mañana. Forma parte de Grupo Simsa, un conglomerado mexicano con más de cinco décadas de trayectoria empresarial y amplia presencia en el sector energético. La terminal de San José Iturbide opera desde hace nueve años bajo un permiso federal de almacenamiento con vigencia de 30 años, además de contar con autorizaciones ambientales, ferroviarias, estatales y municipales.
Incluso Pemex utilizó esas instalaciones en 2017 para almacenar su primera importación de diésel transportado por ferrocarril y, durante la crisis de abasto de combustibles de 2019, la terminal participó en las operaciones para abastecer diferentes regiones del país. Es decir, no se cateó una bodega clandestina sino una terminal formal, regulada y conocida por las propias autoridades.
Eso tampoco significa que automáticamente esté acreditada la legal procedencia de los 59 millones de litros. Gas Natural del Noroeste presta servicios de almacenamiento y sostiene que el combustible pertenece a sus clientes, entre los que se encuentran importantes participantes del mercado energético. Serán ellos quienes deberán acreditar ante el Ministerio Público la propiedad, trazabilidad y procedencia del producto.
El problema para la FGR aparece precisamente ahí: si esa documentación termina por comprobar la legalidad del combustible, el que fue anunciado como uno de los mayores decomisos del sexenio podría transformarse en uno de los tropiezos más visibles de las autoridades encargadas de combatir el huachicol.
La falla se quiere concentrar en el representante de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala. Hay versiones de que podrían rodar cabezas, aunque todavía está por definirse hasta qué nivel del organigrama alcanzaría la responsabilidad. Porque un operativo de estas dimensiones difícilmente puede reducirse a la actuación de un solo funcionario.
Grupo Simsa, por su parte, es un conglomerado construido durante décadas por la familia Issa, originaria de Torreón, Coahuila, y con inversiones en distribución de gas, combustibles, transporte, alimentos, construcción e inmobiliario. Su crecimiento ha atravesado administraciones federales de distintos signos políticos y lo ha convertido en un participante reconocido dentro de la industria energética nacional.
Ese antecedente vuelve todavía más relevante una pregunta elemental: ¿se verificó suficientemente la información antes del operativo y presentar públicamente los 59 millones de litros como producto de un gran golpe contra el huachicol?
La investigación fue atraída ya por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y será esa instancia la que determine finalmente si existió un delito y quiénes son responsables.
Pero en los próximos días también sabremos algo más: si aquel espectacular operativo fue realmente un golpe contra el mercado ilegal de combustibles o si las autoridades se apresuraron a anunciar una victoria antes de tener completamente acreditado el delito.
Porque combatir el huachicol exige operativos contundentes. Pero también expedientes igualmente contundentes.