Hay mucha atención (y preocupación) enfocada en la Reforma Judicial impulsada por el morenismo, misma que sigue coleccionando advertencias de riesgo y críticas por la obstinación de lograrla confiando en su mayoría calificada, pero sin mostrar hasta ahora elementos fehacientes que permitan visualizar cómo se podría mejorar para la gente la impartición de justicia, sólo esperando que, con una profunda fe, todos confíen en una especie de "exorcismo" proveniente de la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, para acabar con la corrupción que de manera generalizada han asegurado impera en el Poder Judicial. ¿Eso hará a esas personas idóneas para impartir justicia?
Hay una confianza desmesurada también del actual régimen en que las advertencias y las dudas de los principales socios comerciales de México sobre reforma prometida no trascenderán, y se tendrán que resignar, absteniéndose de interferir en las decisiones de nuestro país y convenciéndose de aceptar y continuar como si no fuera relevante la desconfianza que ya inspira a nivel internacional la posibilidad que nuestro país integre un aparato judicial con personas juzgadoras que no solo carecerían de idoneidad, sino también de la independencia para juzgar con neutralidad, por ejemplo en disputas contra el gobierno en turno, al cual podrían quedar subordinadas funcionalmente. ¿Por qué sería imprescindible ese cambio para estos tiempos?
Cuando en un grupo de socios uno decide cambiar unilateralmente las reglas con las que se conduce y con base en ellas podría intentar definir los negocios futuros ¿no le asiste el derecho de opinar o advertir su descontento a la otra parte? Su otro derecho sería cambiar también sus reglas o retirarse del negocio. ¿De verdad esa es la apuesta que quiere jugar la futura presidenta de México? Ojalá que no. Sí, se necesitan las personas idóneas para tomar decisiones sensatas e incluso escoger batallas. Parece que en eso ha estado trabajando.
Hay más, está avanzando otra reforma para desparecer a los organismos autónomos como el INAI, Cofece, IFT, CRE, Mejoredu y otros -intención también conocida de la 4T- que ya fue aprobada en comisiones legislativas, y de llegar a culminar, transferiría funciones de órganos garantes de derechos y reguladores de sectores estratégicos como la energía o la competencia económica, a las dependencias del gobierno federal, bajo el argumento del ahorro de recursos; sin embargo hay aún muchas imprecisiones en cómo podrían hacerlo.
Estamos de acuerdo que se deben erradicar todos los espacios de dispendio de recursos, pero no deberíamos volver a caer en engaños y espejismos, con reformas imprecisas, regresivas, con argumentos basados en datos engañosos. Una vez más se tiene la oportunidad de hacer cambios mejorando lo que existe antes que demolerlo por obstinación. Ojalá se acuerden de Texcoco.