Ante la polémica surgida ahora que algunos integrantes del Consejo General del INE han mostrado interés e inquietud porque se está demorando la instalación de la Comisión de Integridad Electoral que se debe instalar de acuerdo a lo que manda la reciente reforma electoral que se impulsó ex profeso, muchos especialistas en estrategias y derecho electorales han vaticinado que podría quedar en la inoperancia, pues lo planteado como propósito y atribuciones deja muchas interrogantes e incertidumbre, pues se vislumbra que hasta provocaría contradicciones jurídicas. Pese a todo, el instituto tiene que buscar cumplir con el mandato.
Ojalá algo positivo resulte de esto, pues pese a todas las dudas, muchas personas en México esperamos que no haya resignación ni normalización de la intromisión de criminales en procesos electorales, y sí se vean obligados los legisladores y dirigentes de partidos a perfeccionar lo necesario sin simulaciones para que haya una barrera legal efectiva que inhiba esas inquietudes infames. Nos la deben.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la semana pasada ya dio una cifra inquietante: entre 750 mil y 800 mil candidaturas que podrían requerir ser evaluadas para el próximo proceso electoral para que las autoridades de seguridad y financieras determinen si existe algún riesgo en su postulación.
Ojalá que de la primera reunión que la presidenta del INE ya tuvo con las autoridades que deberán coordinarse para el intercambio de información, FGR, UIF, CNI y CNBV, haya clarificado los alcances viables de la comisión, sin caer en la vulneración de derechos políticos de ninguna persona, pero además empezando a acotar los mecanismos de intercambio de información para garantizar la confidencialidad de los datos proporcionados por los partidos políticos y por las instituciones de seguridad, aunque sigue sin parecer suficiente que se asuma que el INE solo sea una especie de mensajero que turne consultas y reciba las respuestas de las autoridades para entregarlas a los partidos políticos y que estos decidan si impulsan o frenan candidaturas, más con cálculo político que otra cosa. Ojalá encuentren la forma de ser más determinantes dentro del marco de la Ley, o los legisladores tengan la iniciativa de ayudar. Difícil, pero no imposible si hubiera voluntad.
Provocaciones
#Inconformidad: Ahora que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de Inegi mostró una ligera mejora en los indicadores, muchos implicados responsables de la seguridad propagaron intensamente los resultados y reconocieron discretamente el tamaño del desafío vigente. Así pasa, pero no pueden autoengañarse ni echar campanas al vuelo, es el trabajo para el que se alquilaron y queda mucho por hacer en los tres niveles de gobierno, por eso deben analizar todos los tópicos de la misma y revisar por qué, entre otras cosas, la percepción de efectividad de las instituciones responsables de la seguridad pública también recayó, al tiempo que la corrupción resentida por los ciudadanos que tuvieron contacto con autoridades en el ramo, durante el primer semestre del 2026, se elevó ligeramente.
#Reprobando: La Máxima casa de estudios del país tendrá que hacer algo realmente impactante y certero para resarcir el daño que este problemático experimento del examen de admisión en línea para licenciatura ha causado al prestigio y confiabilidad de la institución, al evidenciarse que muchos aspirantes lograron hacer trampa y los que no lo hicieron quedaron fuera con un nivel de aciertos que en otro momento les habría permitido ingresar y por eso marcharon decepcionados. Ya el Rector Lomelí ha presentado una comisión de especialistas de alto nivel que debe evaluar la situación y proponer opciones para superar la crisis. Repetir el examen es una opción no descabellada y sancionar al proveedor tecnológico para el examen será otra tarea. Insólito e inédito momento para poner a prueba a las autoridades e inquietar a la comunidad. Deberían salir fortalecidos, recuperar credibilidad y honorabilidad. Ojalá.