Ojalá que ni el INE ni los partidos políticos hayan olvidado que el Congreso mexicano aprobó, desde el 28 de mayo a través de una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la creación de una Comisión en el mismo instituto electoral que verificará de manera coordinada la integridad de las personas aspirantes a cargos de elección popular y que nadie haga trampa en el proceso, ahora que lamentablemente parecen haberse multiplicado las posibilidades para ello con avances en tecnologías de la información y las dinámicas de interacción en el entorno digital.
Ojalá los integrantes del INE nos den a conocer a la brevedad posible qué están haciendo y cómo están trabajando para que dicha comisión sea realmente trascendente, entre en funciones oportunamente y no se acabe convirtiendo en un en fracaso anecdótico porque se les consuma el tiempo y cuando empiece a trabajar haya poco qué hacer dado el universo potencial de aspirantes que tendrían para evaluar con todo y que, según lo establecido, sea una prueba voluntaria.
Sería bueno que no se pierda de vista que uno de los temas más inquietantes en el presente y futuro de la política nacional es la implicación de políticos y funcionarios en actividades criminales, así como el posible impulso que algunos de esos grupos hayan dado o busquen dar a ciertos personajes para situarlos en posiciones de poder y manejo de recursos para hacerlos sus operadores intermediarios y extender sus redes de poder.
No se puede olvidar que, de origen, el INE no quería asumir la desafiante labor que los legisladores le asignaron y menos quizá en la forma en que finalmente lo hicieron, con atribuciones generales, contrarreloj, sin recursos adicionales y especialmente supeditados a la funcionalidad que la coordinación con instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, para realizar el análisis de riesgo de los perfiles.
Ojalá que la preparación y experiencia, así como el compromiso y la integridad de las y los integrantes del consejo general del INE se hagan valer al momento de diseñar los procesos por los que incentivarán la mayor cantidad de perfiles evaluados y se ataje el que los legisladores hayan dejado como una prueba a voluntad de partidos y aspirantes, cuando en procesos anteriores han servido de manera limitada las declaraciones patrimoniales, de impuestos, de conflictos de interés y hasta para no ser violentador o deudor alimentario.
Sería deseable que al menos estén avanzando en esquemas básicos y diseñen sistemas de información y operación funcionales con las autoridades colaboradoras y con tecnología de vanguardia, para establecer a los partidos políticos y aspirantes en lo individual los procedimientos para aplicar las pruebas y manejar la información de manera confidencial, confiable y oportuna.
Aún cuando se ha señalado reiteradamente que las facultades regulatorias de los institutos electorales son limitadas, deberán explorar todas sus posibilidades para cumplir con esta misión que se les ha encomendado y contribuir a que tengamos elecciones libres, justas, equitativas, igualitarias y transparentes, como tanto se predica en la teoría. Vivimos un momento definitorio. Ojalá no fallen.
Ojalá también que, dada la situación, veamos qué nivel de compromiso tiene cada uno de los partidos para tratar de demostrar suficientemente la integridad de sus aspirantes, cumpliendo sin cortapisas con lo que establezca el árbitro electoral e implementando desde ya sus propios mecanismos de evaluación con transparencia y además asuman de principio a fin la responsabilidad por el desempeño en la función pública de las personas que postulan.
A los legisladores y legisladores les propongo que, además de las sanciones de ley que correspondan cuando sus militantes llegasen a infringir la ley, se castigue económicamente a los partidos que les hayan postulado, disminuyendo sus prerrogativas en proporción a lo que represente la entidad o distrito cuyo representante haya fallado.
Provocaciones
#Certidumbre: Los antecedentes de politización de la justicia y el cobro de viejas facturas o creación de distractores no se han desterrado en el actual régimen. El caso de Ruffo Appel, recién detenido como líder de una red del llamado huachicol fiscal, abre un nuevo episodio donde, sin abogar por su inocencia, el manejo del proceso despierta dudas y no parecen considerarse los indicios de implicaciones de personajes del actual gobierno, sin los cuales sería difícil pensar que esa red funcionara. Se tiene la oportunidad de mostrar que se hace justicia sin distinciones partidarias y caiga quien caiga. Ojalá lo hagan.