Hará cosa de dos semanas tuve la oportunidad de coincidir con Jorge Sahd, en la ciudad de Antigua, Guatemala, en un congreso organizado por la RedAmérica, donde presentó una síntesis del Informe Sobre Riesgo Político 2026, que coordina y publica a través del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile.
El informe va directo al grano: “2026 se perfila como un punto de inflexión para la región, tanto por la complejidad del escenario global como por la convergencia de profundas transformaciones políticas, electorales, económicas y sociales en el ámbito latinoamericano. La transición hacia un sistema internacional más fragmentado, competitivo y menos previsible configura un entorno geopolítico caracterizado por dinámicas de poder más crudas y menos reguladas, cercano a una auténtica ‘ley de la jungla’”.
Parte de esta lógica hobbesiana se desprende de la doctrina Donroe, impuesta por Donald Trump, donde “América Latina deja de ser presentada como socio estratégico y reaparece como teatro de operaciones dentro de una disputa geopolítica de alta intensidad, con rasgos propios de un imperialismo del siglo XXI”.
Sumado al coletazo del resurgimiento de la Doctrina Monroe –donde todo el hemisferio occidental “pertenece a los EU”–, México sumará riesgos asociados a nuestros problemas añejos: la crisis de representación y erosión de la confianza; la gobernabilidad fragmentada y polarización creciente; y la expansión y sofisticación del crimen organizado.
En nuestro caso, la legitimidad institucional, la confianza en la élite gobernante y el desempeño democrático siguen debilitándose, lo cual constituye una clara señal de riesgo según inversores y organizaciones civiles que luchan en favor de los derechos humanos. Asimismo, la polarización política ha derivado en la construcción de políticas públicas erráticas e inconsistentes, la dificultad para construir consensos mínimos y la caída de la calidad del debate público.
Entendido como factor transversal de riesgo, el crimen organizado ha traído efectos muy perniciosos para el despliegue logístico de la industria, el florecimiento del comercio, la seguridad urbana y la gobernanza. Su capacidad para ejercer un control férreo en el campo de lo lícito e ilícito se advierte de “manera directa en procesos electorales mediante financiamiento ilegal, coacción, violencia o penetración institucional, lo que profundiza la erosión del Estado de derecho”. Las razones de la solicitud de los Estados Unidos de extraditar a Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, son una muestra de la gravedad de este último riesgo.
De la numeralia que posibilita tener la perspectiva regional hablaré en mi próxima entrega.