El movimiento privatizador mexicano iniciado en los 80’s trastocó la facultad de la CFE de ser la única que podía producir electricidad, creando tres figuras privadas: los Productores Independientes de Energía (PIES), las Sociedades de Autoabasto, y los Pequeños Productores. Los PIES solo podían al principio producir para la CFE mediante contratos de cobertura que amparaban la venta de energía a la CFE cuando ésta no podía producir y vender su propia electricidad para el segmento de consumo básico.
Este fenómeno era cotidiano, principalmente porque las reglas de quién vendía primero al mercado, o despachaba, que les daban prioridad a las energías limpias eliminaban a la CFE al borrar de la ley a las hidroeléctricas como productoras de energía limpia, con lo que la imposibilitaban seriamente de vender su propia energía dentro de los despachos prioritarios.
De las 13 plantas que Iberdrola vendió a nuestra banca de desarrollo (Fonadin), 10 son PIES. A la luz de los cambios en la Ley de la Industria Eléctrica, que le da prioridad al despacho de las hidroeléctricas, estos contratos resultaban obsoletos o caros para la CFE, principalmente por los precios a los que tenía que adquirir la electricidad de estos PIES, formados por costos fijos, variables, los llamados “bonos”, riesgo cambiario, etcétera.
Además, los contratos otorgaban propiedad a Iberdrola de esas plantas a su conclusión, mismas que tienen un valor residual importante. Más aún, se les permitía vender su electricidad excedente que no vendían a CFE al mercado abierto, cuyas reglas de operación ya cambiaron.
Otras tres plantas de las vendidas son Sociedades de Autoabasto, segmento que está siendo observado por los reguladores por haber generado un mercado paralelo donde operaban bajo esa figura conglomerados de empresas simulando un patrimonio común a través de la adquisición de una sola acción, para disfrutar de los beneficios de esa figura, como el porteo estampilla que disminuía el costo de transmisión, logrando así precios menores a costa de la CFE.
Para Iberdrola resulta obvia, pues, su decisión de vender a un precio que los mercados españoles reconocen que fue muy conveniente para el gobierno mexicano: es siempre preferible un mal negocio que un buen pleito.