La Secretaría de Hacienda (SHCP) acaba de entregar al Congreso su primer borrador de números para 2027: los “Pre-Criterios”. Es, en pocas palabras, el primer boceto del presupuesto del próximo año. Y aunque suena a un documento solo para especialistas, ahí se puede leer con bastante claridad hacia dónde quiere llevar el gobierno sus finanzas —y qué le está costando trabajo para lograrlo.
La palabra que más pesa en el documento es “ajuste”. El gobierno quiere gastar menos de lo que gasta hoy en relación con el tamaño de la economía, para frenar el crecimiento de la deuda. Es la idea de “no gastar más de lo que nos alcanza”, llevada a la escala de un país. El mensaje claro es que la disciplina financiera es el ancla del presupuesto
Menos préstamos, más disciplina
El indicador clave aquí son los “Requerimientos Financieros del Sector Público”, que en realidad es solo una forma más completa de medir cuánto necesita pedir prestado el gobierno cada año (incluye no solo el déficit del presupuesto, sino también otros compromisos, como los de Pemex o la banca de desarrollo). Ese número bajaría de 4.1% a 3.5% del PIB —es decir, en relación al tamaño de toda la economía del país— entre 2026 y 2027. Dicho de otro modo: el gobierno pretende pedir prestado una porción menor de lo que México produce en un año.
Como consecuencia, la deuda pública casi no crecería: pasaría de 54.7% a 55% del PIB, un movimiento marginal comparado con los incrementos de años recientes.
Un “colchón” contra imprevistos
Otro dato relevante es el “balance primario”: lo que le queda al gobierno de ingresos una vez pagado el gasto normal, sin contar los intereses de la deuda. Es, en cierto sentido, el “ahorro operativo” del país. Ese balance pasaría de 0.5% a 1.1% del PIB, más del doble. Entre más alto sea, mayor es la capacidad del gobierno para absorber un choque inesperado —una crisis, un desastre natural, una caída en el precio del petróleo— sin tener que salir corriendo a pedir más deuda.
La otra cara: menos gasto y menos ingresos
Ese “ahorro” no sale de la nada. Para lograrlo, el gasto programable —el que el gobierno sí controla día a día: escuelas, hospitales, obra pública, operación de dependencias— tendría que caer de 18.6% a 17% del PIB.
Y el reto se complica porque, al mismo tiempo, se espera que caigan los ingresos: de 23.2% a 22.2% del PIB. Ahí entran dos historias distintas. Los ingresos petroleros seguirían su tendencia a la baja, de 3.1% a 2.3% del PIB, reflejo de una producción de petróleo que lleva años en declive. Pero también caerían los ingresos no petroleros —es decir, impuestos como el ISR o el IVA—, de 20.1% a 19.9% del PIB.
El verdadero problema
Esta última cifra es la que de verdad debería preocuparnos: que la recaudación de impuestos —la fuente de ingresos que el gobierno sí puede controlar, a diferencia del petróleo— esté cayendo. La respuesta del SAT ha sido apretar las auditorías a las empresas. Pero yo no creo que las empresas sean a quienes hay que exigirles pagar más impuestos. Existen otros sectores que son los verdaderos responsables de la brecha entre lo que México debería recaudar y lo que realmente recauda, y de eso hablaré en mi próxima columna.