La disponibilidad de medicamentos ha sido uno de los indicadores principales para evaluar el desempeño del sistema público de salud durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. Al inicio de su administración, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una reforma del sector tras identificar una alta concentración de proveedores en la venta de medicamentos al gobierno, así como precios presuntamente elevados. La ruptura con ese esquema de abastecimiento provocó una crisis transitoria en el suministro.
Posteriormente, la reforma buscó ampliar el acceso a los servicios de salud para la población sin seguridad social y reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos federales transferidos a los estados. Para ello, el Gobierno Federal volvió a concentrar la prestación de los servicios en las entidades que aceptaron adherirse al nuevo modelo. El cambio ha implicado un proceso de aprendizaje costoso que, desde 2018, ha transformado la organización y el abastecimiento de la salud pública en México. Este artículo analiza la evolución del sistema entre 2018 y 2026.
Evolución del gasto público en salud
El primer aspecto por revisar es el gasto presupuestario en salud. Los anuncios sobre contratación de personal, ampliación del número de camas, rehabilitación de hospitales y adquisición de equipo apuntan a un aumento de los recursos destinados al sector.
A precios constantes, el gasto en la Función Salud pasó de aproximadamente 700,000 millones de pesos en 2018 a entre 900,000 y 960,000 millones en los presupuestos recientes. Esto representaría un crecimiento real acumulado de entre 15 % y 20 % durante el periodo, equivalente a un promedio anual aproximado de entre 2 % y 2.5 %.
Al considerar el crecimiento demográfico, el gasto real en salud habría pasado de aproximadamente 5,600 pesos por persona al año en 2018 a entre 6,800 y 7,200 pesos. El incremento acumulado sería, por tanto, de entre 18 % y 20 %. A pesar de este avance, el gasto público per cápita en salud en México continúa por debajo de los niveles asociados con la cobertura universal y lejos del promedio de la OCDE, que supera los 3,000 dólares anuales por persona.
Desde la perspectiva de la economía pública y la evaluación de impacto, el aumento presupuestario no se ha traducido de manera directa ni proporcional en una mejora de la calidad de los servicios o de la disponibilidad de medicamentos. Esta desconexión puede explicarse, al menos en parte, por los siguientes factores estructurales.
Gasto de bolsillo y surtimiento de recetas
Con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI y en análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y México Evalúa, el gasto de los hogares mexicanos en medicamentos aumentó alrededor de 41 % entre 2018 y los ejercicios recientes.
Desde mi experiencia, el cambio de modelo también generó desinformación sobre el acceso a medicamentos y servicios de salud, lo que pudo contribuir al aumento del gasto privado. Otro indicador relevante es el número de recetas no surtidas. Durante la reestructuración logística de 2020 a 2023, las instituciones públicas registraron más de 15 millones de recetas no surtidas al año, frente a menos de 2 millones en 2017 y 2018. Sin embargo, durante el último año, el índice de surtimiento por receta habría regresado a 97 %.
El aumento del presupuesto en salud, que apenas permitió recuperar los niveles de surtimiento observados en 2018, puede analizarse a partir de varios rubros.
Transición institucional
La transición presupuestaria y operativa del Seguro Popular al INSABI, y posteriormente del INSABI al IMSS-Bienestar, generó costos de transacción, duplicidades y cuellos de botella en la distribución de insumos.
Fortalecimiento del personal sanitario
Uno de los logros más visibles ha sido la formalización laboral de miles de trabajadores de la salud que prestaban sus servicios bajo esquemas eventuales o precarios en los sistemas estatales. Esta medida ofrece mayor estabilidad laboral y puede favorecer la retención de personal médico y de enfermería en zonas rurales o de alta marginación bajo el modelo IMSS-Bienestar.
Además, la oferta de plazas para médicos residentes aumentó considerablemente: pasó de alrededor de 5,000 ingresos anuales en 2019 a entre 8,800 y 9,000 en procesos recientes. Aunque el número de médicos por cada 1,000 habitantes aumentó de 2 a 2.5, aún se encuentra por debajo del promedio de la OCDE, de 3.7 médicos.
Primer nivel de atención y equipamiento
También se han destinado recursos a rehabilitar centros de salud comunitarios y unidades médicas rurales. Esto ha permitido mejoras puntuales en la infraestructura básica de diagnóstico y medicina preventiva en regiones que antes carecían de cobertura permanente.
Asimismo, se ha fortalecido el equipamiento de unidades de oncología y salas de hemodinamia, además de renovarse aceleradores lineales en institutos nacionales y hospitales regionales del IMSS ordinario y del IMSS-Bienestar.
Infraestructura hospitalaria
En materia de infraestructura física, el esfuerzo se ha concentrado en concluir hospitales que habían quedado inconclusos, ampliar unidades existentes y formalizar el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria. En la red pública de salud, la capacidad instalada pasó de aproximadamente 89,500 camas en 2018 a alrededor de 97,000.
Conclusión
En síntesis, la disponibilidad de medicamentos, por sí sola, no refleja todas las mejoras asociadas con el aumento del gasto público per cápita en salud. Después de una crisis de transición, el surtimiento de recetas apenas recuperó en los últimos años los niveles observados en 2018.
Sin embargo, el crecimiento y la mayor estabilidad del personal sanitario, así como la inversión en infraestructura y equipo, sí constituyen avances relevantes. El balance general muestra que el sistema ha fortalecido algunas de sus capacidades, aunque todavía enfrenta retos importantes de financiamiento, acceso efectivo y continuidad en el suministro de medicamentos.