El conflicto en torno al albergue de perros y gatos conocido como Refugio Franciscano tiene dos protagonistas: la “Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama” y la Asociación Civil “Refugio Franciscano”. El caso, abordado desde la indignación moral o desde la legalidad patrimonial del predio, pide a gritos una perspectiva ética: una cosa es la disputa por el terreno y otra diferente, el bienestar de los animales en ese lugar.
El refugio operó durante décadas bajo la administración de Refugio Franciscano A.C., en un predio que forma parte del patrimonio de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama. Todo parece indicar que, en su origen, el refugio funcionó bien. Pero la acumulación de animales más allá de la capacidad real de cuidado, la falta de supervisión veterinaria adecuada y el deterioro de las condiciones sanitarias transforman una práctica asistencial en un infierno: maltrato por omisión. Los videos y las fotografías de la última etapa del Refugio Franciscano son desgarradoras: animales enjaulados, hacinados, sarnosos y enfermos, viviendo entre ratas y excrementos, en estado de abandono no de una semana ni de un mes: la desnutrición extrema visible en esos animales remite a un deterioro acumulado de años.
Éticamente debemos clamar por una ética de responsabilidades. Las éticas de principios se orientan, cómodamente, por la pureza de la intención y la fidelidad a principios; una ética de consecuencias exige hacerse cargo de las consecuencias previsibles de la acción —y también de la omisión— en un mundo institucionalmente injusto. Por eso, el argumento de la buena intención o del compromiso histórico con los animales resulta insuficiente si, como sucedió, la estructura material y organizativa del albergue no garantizaba condiciones mínimas de bienestar.
La ética de la responsabilidad obliga a actuar incluso cuando hacerlo resulta políticamente incómodo o emocionalmente costoso, como les resulta a quienes conocieron el albergue desde hace ya casi medio siglo. Pero debemos actuar de tal manera que los efectos de nuestras acciones sean compatibles con la permanencia de una vida digna. Esa idea de Hans Jonas se aplica a este caso porque los animales son seres vulnerables, dependientes y no tienen la capacidad de escapar de las consecuencias de nuestras decisiones institucionales, y menos si están encerrados en jaulas, como era el caso.
En cuanto a la disputa por el predio, es evidente que la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama quiere recuperarlo para crear un negocio: eso es lamentable. En un mundo ideal, la millonaria fundación hubiera recuperado el terreno para crear un albergue digno y ejemplar para el mundo: le sobran recursos para hacerlo. Su salida ha sido crear un refugio en el Ajusco, en donde el frío es extremo: ojalá logren manejar esa variable y paliar el frío, para lograr un refugio digno.
Pero el problema central del Refugio Franciscano no es la recuperación de un predio ni la denuncia aislada de maltrato, sino el fracaso acumulado de una responsabilidad compartida: falló el Refugio Franciscano al abandonar a los animales de esa manera; falló la Fundación Antonio Haghenbeck al tolerar esa situación; y falló el Estado al permitir que un espacio de cuidado animal operara al margen de una supervisión efectiva.
La intervención estatal tardía ha dividido las opiniones, pero desde una ética de la responsabilidad, la pregunta relevante no es quién tiene la razón, sino quién asumió —y quién eludió— la carga de prever las consecuencias de mantener esa situación insostenible: el Refugio Franciscano, la Fundación Antonio Haghenbeck y el Estado, fallaron por igual.
El caso deja una lección incómoda pero necesaria: la protección animal surge de la buena voluntad, pero no puede descansar indefinidamente en ella. Requiere compromisos estatales que ya son urgentes: marcos jurídicos claros para el funcionamiento de los refugios y a la vez la creación de nuevos refugios dignos, que funcionen también como centros de adopción.
Cuando las responsabilidades se postergan, los conflictos se llevan al límite y terminan por estallar.
Quienes pagan siempre son los más desprotegidos, en este caso, los animales.