Los poderes judiciales no están exentos de la obligación de tener mecanismos de rendición de cuentas. Contar con tribunales que estén abiertos al escrutinio público es un elemento muy importante en un Estado de Derecho, pues abona en la confianza ciudadana y en el conocimiento del quehacer judicial y de su importancia.
Asimismo, para que la Justicia Abierta sea una realidad, es crucial contar con mecanismos accesibles a la ciudadanía para acceder a la información judicial, especialmente de sus resoluciones o sentencias, ya que estas son un reflejo de la forma en que se imparte justicia.
En el año 2020, a partir del impulso del colectivo #EsJustoqueloSepas, fue aprobada una importante reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, estableciendo la obligación a los poderes judiciales de publicar todas las sentencias, sentando un gran paso en materia de Justicia Abierta. Sin embargo, es necesario que además de que estas sentencias estén disponibles, los poderes judiciales promuevan políticas de divulgación de sentencias relevantes en materia de derechos humanos, protección de grupos vulnerables entre otros.
El acceso a las sentencias y su divulgación son relevantes en el ámbito de la igualdad sustantiva y el combate a la violencia contra las mujeres. Por ello resulta muy importante el llamado que se hace desde la sociedad civil, específicamente desde el colectivo Equis Justicia a los poderes judiciales del país, a sumarse al Pacto Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género, a efecto de generar mecanismos de colaboración para generar políticas innovadoras en la materia.
Como lo explica la propia organización, el punto de partida es la obligación que tienen los poderes judiciales de impartir justicia con perspectiva de género, de tal manera que el involucramiento ciudadano es fundamental a fin de generar mecanismos de evaluación y seguimiento a partir del acceso a la información judicial.
Con este pacto entre poderes judiciales y sociedad civil se busca lograr contar con información estadística útil y accesible, mecanismos de participación ciudadana, capacitación judicial con indicadores de evaluación de impacto, generación de información judicial útil y accesible, publicación de sentencias, así como prácticas innovadoras.
Celebramos que esta semana haya podido tomar forma esta importante iniciativa ciudadana con el involucramiento del INAI, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral y otros tribunales federales, así como poderes judiciales de 11 entidades federativas.
Este es un ejemplo de lo importante que es contar con una sociedad civil organizada y activa, que con acciones como estas, contribuyen a mejorar el acceso a la justicia y nuestro sistema democrático. Lo deseable es que pronto este pacto se suscriba por todos los poderes judiciales del país.
En los hechos, contar con un modelo de justicia abierta con perspectiva de género abonará en el combate a la violencia contra las mujeres, en la erradicación de la discriminación y en el reconocimiento de sus derechos.
Pilar Ortega
@PilarOrtega
* Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana e integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción