El reciente análisis presentado por Fundar sobre el Paquete Económico 2027 presentado por la Federación a la Cámara de Diputados pone sobre la mesa una realidad indignante y sintomática de cómo en México la cultura sigue atrapada en la periferia de las prioridades del Estado. Mientras el sector cultural aporta un robusto 2.8% al Producto Interno Bruto (PIB), la inversión gubernamental destinada a este motor de identidad y cohesión social es de apenas 0.05% del PIB; en términos prácticos, el presupuesto propuesto para 2027 equivale a solo 155 pesos por persona al año; es decir, poco más de lo que cuesta una suscripción mensual a cualquier plataforma de entretenimiento en streaming.
Esta cifra es el reflejo de una política pública inercial y raquítica que condena al sector a la precariedad permanente, ya que el proyecto presupuestal presentado por el Ejecutivo mantiene un incremento marginal de 1.1% para la Secretaría de Cultura y de 1.3% para la subfunción cultura, cifras que se diluyen de inmediato al constatar que 54% de dichos recursos se destina a servicios personales y un 29% a gastos de operación; en los hechos, casi todo se va en pagar nóminas básicas y mantener abiertas las puertas, dejando un margen mínimo para la verdadera promoción artística, la innovación y el rescate del patrimonio nacional.
Lo más alarmante no es el estancamiento, sino el retroceso directo. Instituciones pilares para la memoria histórica y la formación artística del país enfrentan recortes inadmisibles que vulneran el principio de no regresividad. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por ejemplo, sufre una reducción de 2.9% (quedando en 5,603 millones de pesos); el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) cae 3.6% (con 4,940 millones), pero el golpe más drástico se lo lleva la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, con un desplome catastrófico de 74.4%. A esto se suman tijeretazos a programas presupuestarios clave: los servicios educativos culturales se hunden 35.8%, la protección al patrimonio baja 14.1%, los servicios cinematográficos pierden 12.2% y los estímulos a la creación artística caen en 10.7%.
Por si fuera poco, los estímulos fiscales se congelan en los niveles de 2026, lo que significa que, sin un ajuste inflacionario, pierden valor real año con año; aunque la propuesta de mantener 0% de IVA para libros, periódicos y revistas es una bocanada de aire necesario para el acceso a la lectura, resulta insuficiente frente al desmantelamiento operativo de la infraestructura cultural.
Garantizar los derechos culturales consagrados en la Constitución no puede depender de migajas ni de la buena voluntad de la inercia institucional; exige una visión de Estado progresiva, con trayectorias de crecimiento presupuestal que permitan planear a mediano y largo plazo. Eso, por lo menos, se planteó en el Programa Sectorial de Cultura 2025-2030. Seguir tratando a la cultura como un gasto prescindible —cuando en realidad es el cimiento de nuestra convivencia y dignidad colectiva— es apostar por el empobrecimiento espiritual de México.