M+.- Durante semanas, la cobertura por el tema del fallido examen en línea para acceder a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se centró en la presunta ineficiencia de Territorium Life, la empresa contratada para supervisar vía remota, hasta con inteligencia artificial, a los aspirantes que aplicaron la prueba desde sus computadoras personales, en casa, en espacios privados, sin la vigilancia presencial de autoridades académicas.
Sin embargo, desde que comenzamos a revisar los ángulos periodísticos por abordar, advertí que, más allá de las fallas y vicios de la empresa, de la falta de capacidad de la UNAM para hacer un examen de esta magnitud en línea o del despropósito de delegar en un privado la supervisión en la aplicación, el trasfondo de todo el asunto, y lo que me resultaba verdaderamente escandaloso, era la cultura de la trampa que se instaló en los jóvenes aspirantes que osaron burlar la vigilancia durante el examen.
Pero esa perspectiva, que para mí retrata la punta del iceberg de lo mal que estamos como sociedad, fue soslayada por los medios de comunicación y lo que más explotó la prensa fue el presunto fraude de la empresa, y el ridículo en el que quedó porque se ostentaba como “profesional”, al no lograr detectar las artimañas de algunos gandallas.
En MILENIO Diario dimos a conocer el contrato que la UNAM firmó con esta compañía regiomontana, por un monto de hasta 101 millones de pesos, y expusimos la lista de ‘candados’ que se esperaba que la empresa utilizara para resguardar la integridad de la prueba.
A partir de ahí, la prensa comenzó a ponerle el foco a la compañía y a los contratos que había firmado con otras instituciones públicas.
Se reveló que en la plataforma “Saberes” de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Territorium Life, los certificados podían expedirse sin acreditar conocimientos.
En MILENIO encontramos que para conseguir el contrato de la plataforma de cursos en línea del Instituto Nacional Electoral (INE), Territorium Life presentó una oferta “atípica”: inferior en más del 80 por ciento frente a las propuestas de sus dos competidoras.
También, que la susodicha empresa tenía su domicilio en un inmueble abandonado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Sí, la empresa que la UNAM contrató no es ejemplar, dadas las evidencias que se han encontrado con el trabajo periodístico.
Esto es novedoso y al mismo tiempo no. Sí, merece cobertura periodística y denuncia y exhibición pública, pero aparentemente se trata de una más de las múltiples empresas que, un día sí y el otro también, son protagonistas de escándalos de ilegalidades y corrupción.
Lo que considero que se ha pasado por alto es que el examen de ingreso a la UNAM reveló el deterioro social en el que vivimos, porque significa que la corrupción ya no tiene límites mínimos de edad ni ámbitos de acción: desde antes de ser profesionistas, hay jóvenes que ya son corruptos; que son, como trilladamente se dice, “el futuro del país” y pretenden entrar a una universidad con base en la corrupción.
Quienes aspiran a una licenciatura son, en promedio, muchachos que están por iniciar sus veintes, que están por convertirse en mayores de edad o que se están estrenando como ciudadanos, que acaban de superar la adolescencia y han comenzado a formarse criterios propios y a definir los horizontes de su vida y por eso, en teoría, ya tienen la capacidad de votar. ¿En serio, a tan temprana edad han optado por la vía de la ilegalidad?
Ser tramposo para entrar a la Universidad no es como meterse en la fila de las tortillas. Aplicar un examen de admisión a la Máxima Casa de Estudios tendría que ser un acto de total integridad: no sólo es la llave para entrar a la universidad pública más prestigiosa de México, se trata de un elemento determinante que cambiará la vida personal, para bien, de los millones de jóvenes que desean estudiar para superarse, pero también es la vía por la cual, esos mexicanos obtendrán un título profesional para servir a la sociedad, ya sea desde el ámbito público o privado.
Empezar ese camino con actos de corrupción no augura nada bueno para el momento en que esas personas egresen de las aulas universitarias y alguien las contrate.
El 12 de agosto, comenzó en León, Guanajuato, y días después en Oaxaca, Tijuana y la Ciudad de México, la reposición del examen de la UNAM. Fue lo mejor que se pudo hacer para enmendar la desconfianza que surgió.
Como reportero, me tocó cubrir cómo, desde el primer día, en León, cientos de jóvenes se presentaron nuevamente a demostrar que tienen las agallas de volver a pasar la prueba.
Vi emociones encontradas: frente a la confianza de que sus conocimientos son suficientes también estaba el enojo de que los honestos tuvieron que hacer esfuerzos adicionales, gastos de traslado, de hospedaje, de tiempo, para limpiar lo que los tramposos mancharon.
Escuché historias conmovedoras, como la de Fernando, un muchacho moreliano que tuvo que endeudarse con 2 mil 500 pesos, porque su sueldo en una sucursal de KFC no le alcanza, para viajar a León a aplicar para la licenciatura en ciencias agroforestales.
Pero el miércoles salió lo peor: el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, informó que, pese a la vigilancia presencial, las mañas no cesaron.
Se detectaron 22 intentos de trampa durante la aplicación del examen presencial en la Ciudad de México, aspirantes (si merecen llamarse así, que dudo) que utilizaron teléfonos celulares, lentes con cámara y dispositivos para grabar la prueba y, supongo, venderla al mejor postor.
Con todo esto, vale la pena preguntarse: ¿en qué momento, a qué edad, los mexicanos comienzan a corromperse? ¿es, como decía un expresidente, mordiéndose la lengua, que la corrupción en México es cultural? ¿de dónde aprendieron a ser corruptos? ¿de sus padres? ¿sus familiares son esos que alteran las placas del auto para evadir las multas por infracciones? ¿son de los que todavía creen que ‘el que no transa, no avanza’?
Algo estamos haciendo mal que la corrupción nos ha invadido, impunemente, en todos los ámbitos y ahora, por lo visto, ya en todas las edades.
El que hace trampa en una prueba como la de la UNAM, no sólo defrauda a la Universidad, se defrauda a sí mismo y al futuro de la suya y las próximas generaciones, que, como los que ahora tuvieron que pagar con dinero y tiempo para reponer el examen, tendrán que pagar los costos sociales de quienes optan caminar por la vía de la ilegalidad.