El mercado mexicano de gas natural, petrolíferos, Gas LP y petroquímicos tiene nuevas reglas. Los artículos 2 y 5 aquí analizados forman parte de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que regulan su Comercialización, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2026. Para los participantes, las preguntas centrales son dos: ¿a quiénes aplican y cómo acreditar el origen y la disponibilidad lícita del producto?
Ambos artículos se complementan: el 2 define quiénes están sujetos a las disposiciones y el 5 establece cómo documentar el origen y la trazabilidad del producto, según la forma en que se obtuvo. El mensaje es claro: no basta tener un permiso. También hay que acreditar la operación y mantener congruencia entre producto, volumen y documentos.
El artículo 2 establece la aplicación obligatoria de estas disposiciones en todo el territorio nacional a personas físicas, personas morales, entidades paraestatales y empresas públicas del Estado que encuadren en cuatro supuestos. Los dos primeros abarcan a quienes desean comercializar gas natural, petrolíferos, Gas LP o petroquímicos y a quienes ya cuentan con un permiso vigente de Comercialización.
El tercer supuesto comprende a titulares de otros permisos del artículo 76 de la Ley del Sector Hidrocarburos que tengan o pretendan establecer relaciones comerciales con un permisionario de Comercialización. El cuarto incluye a titulares de Asignaciones o Contratos de Exploración y Extracción, así como de permisos de Procesamiento, Formulación o Refinación, que pretendan comercializar su producción.
Los participantes públicos también deben revisar su situación. El artículo 2 incluye expresamente a entidades paraestatales y empresas públicas del Estado que encuadren en esos supuestos. No menciona individualmente a Pemex, CFE o Cenegas ni establece una exclusión general para empresas públicas: la aplicación depende del supuesto y la actividad realizada.
A este alcance se suma el Transitorio Segundo: “Se derogan todas aquellas disposiciones normativas que se opongan al presente instrumento”. Por ello, deben revisarse las operaciones frente al nuevo marco y las disposiciones anteriores que le resulten contrarias, en los términos de ese transitorio.
Una vez identificado quién está sujeto a las disposiciones, el artículo 5 centra la atención en el producto. Para ofertarlo y venderlo, exige acreditar su origen y disponibilidad lícita mediante documentación de importación, producción o adquisición nacional. La Comisión puede requerirla; por ello, debe estar actualizada y ser congruente con el volumen y el tipo de producto.
Para los importadores directos, la fracción I contempla permisos vigentes de importación y Comercialización; un contrato vinculante con el proveedor extranjero o la documentación correspondiente, como factura comercial o carta porte; contratos de Transporte, Almacenamiento y Distribución; pedimentos y CFDI. Estos documentos deben formar una cadena que vincule el contrato extranjero, el pedimento y el CFDI de venta, con congruencia de producto y volumen.
En gas natural por ducto, la trazabilidad se acredita con balances de volumen o energía —por ejemplo, en GJ—, sin lote. Una importación por gasoducto desde Texas considera contrato con el proveedor estadounidense, permiso de importación, pedimentos, CFDI de venta y balances correspondientes.
Para quienes producen, procesan, refinan o formulan, la fracción II sigue otra lógica: exige acreditar el permiso de Refinación, Procesamiento o Formulación, o la Asignación o Contrato correspondiente. La documentación debe vincular la producción con la entrega e identificar producto, volumen, unidad, lote y fecha cuando corresponda.
También deben documentarse las operaciones hasta el destino final y mantener congruencia entre CFDI, entradas, salidas, existencias y mermas. El volumen producido debe cuadrar con lo facturado y entregado, incorporando las mermas al balance.
En gasolina formulada en planta propia, los documentos deben vincular lote, volumen y fecha entre producción y entrega. En Gas LP de una planta de procesamiento, producción, entregas y existencias deben coincidir con la facturación. En etano de un complejo propio, producción, entregas y mermas deben corresponder con los CFDI y movimientos registrados.
Para compradores nacionales que comercializan el producto, la fracción III exige que el proveedor sea otro permisionario de Comercialización con permisos vigentes. Contrato de compra, factura o documento equivalente y CFDI deben acreditar procedencia y trazabilidad. Las disposiciones analizadas impiden comprar a titulares de permisos de Distribución actuando como proveedores.
La revisión del proveedor debe hacerse antes de comprar: hay que verificar que el vendedor tenga un permiso vigente de Comercialización. Después, deben conservarse los documentos de la operación y mantener congruencia entre producto, volumen, unidad, entradas, salidas y existencias.
En petrolíferos, la trazabilidad puede incluir contrato, CFDI, carta porte y registros de entradas, salidas, existencias y mermas, con lote, volumen y fecha. Por ejemplo, el diésel importado por buque se respalda con permiso de importación, contrato extranjero, pedimento y CFDI con carta porte, manteniendo congruencia por lote. Si se adquiere nacionalmente, debe provenir de un permisionario de Comercialización y respaldarse con contrato y CFDI.
El Gas LP importado por autotanque requiere considerar permiso de importación, contrato extranjero, pedimento y CFDI con carta porte. Si se adquiere nacionalmente, deben existir contrato, factura y CFDI con un comercializador vigente, además de registros de entradas, salidas, existencias y mermas.
En petroquímicos, el etano importado por carrotanque considera permiso de importación, contrato extranjero, pedimentos y CFDI con carta porte, congruentes en producto y volumen. Si se adquiere de otro comercializador nacional, contrato y CFDI deben acreditar procedencia y trazabilidad.
La fracción IV añade un escenario: las operaciones con otro comercializador bajo el supuesto de esa disposición. Además de los requisitos de la fracción III, exige acreditar Transporte, Almacenamiento o Distribución conforme al artículo 107 del Reglamento, en los términos aplicables. Para petrolíferos y Gas LP se señala la titularidad de al menos un permiso de esas actividades; para gas natural, los permisos listados incluyen Procesamiento o Regasificación.
En ese supuesto, no basta acreditar la compraventa: también debe respaldarse la logística con los permisos correspondientes y mantener actualizada la documentación que puede requerir la Comisión.
Los biocombustibles requieren una lectura aparte. El artículo 2 no incluye expresamente al etanol ni al biodiésel puros. Sin embargo, al mezclarse con gasolina o diésel, el producto comercializado es un petrolífero: debe acreditarse su origen y registrarse la mezcla por lote y volumen. En gasolina con etanol, se acredita de dónde proviene la gasolina y se registra cuánto etanol se mezcló. Para el biocombustible puro, debe verificarse jurídicamente el régimen y los permisos correspondientes.
La preocupación está en confundir ambos escenarios: el biocombustible puro y la mezcla comercializada. Incorporar etanol o biodiésel no sustituye la documentación del petrolífero. Quien formula o comercializa debe mantener congruencia entre el origen acreditado, los componentes incorporados y el volumen registrado de cada mezcla.
En conjunto, los artículos 2 y 5 vinculan a importadores, productores, comercializadores y participantes logísticos con una misma exigencia: contar con una cadena documental que identifique al participante, el origen del producto y su trazabilidad. Permisos, contratos, pedimentos, CFDI, carta porte, movimientos, entradas, salidas, existencias, mermas y volúmenes deben ser congruentes entre sí.
¿Dónde está, entonces, la preocupación? En la capacidad de respaldar cada operación cuando la Comisión requiera la documentación, no solo en contar con un permiso vigente. Tener contratos, facturas o pedimentos por separado no resuelve el problema si no corresponden al mismo producto y volumen. La pregunta es concreta: ¿puede la empresa demostrar de dónde proviene lo que vende y cómo se relaciona con sus compras, producción, entregas y existencias? Si la respuesta depende de documentos incompletos, desactualizados o incongruentes, hay un punto que revisar antes de considerar suficientemente respaldada la operación.
Esa revisión también alcanza a la contraparte. En las adquisiciones nacionales de la fracción III, no basta que el vendedor tenga producto disponible o emita una factura: debe ser un permisionario de Comercialización con permisos vigentes. Confundirlo con un distribuidor puede llevar a estructurar una compra que no corresponda al supuesto analizado. Importadores y productores deben revisar sus propias cadenas documentales, sin asumir que el permiso sustituye los registros de origen y trazabilidad. Cada participante necesita identificar el supuesto que le corresponde y los documentos que respaldan su intervención en el mercado.
La preocupación se extiende a la logística y a las empresas públicas cuando encuadren en los supuestos señalados. Bajo la fracción IV descrita, acreditar la compraventa no sustituye el respaldo de Transporte, Almacenamiento o Distribución que corresponda. Las mermas, los balances y las existencias tampoco son registros secundarios: forman parte de la congruencia de la operación. La revisión debe conectar permisos, proveedores, producto, movimientos y facturación. Más que acumular papeles, se trata de comprobar que la historia documental sea consistente, esté actualizada y pueda explicarse ante un requerimiento de la Comisión.
Comercializar, por tanto, no es solo comprar y vender: implica demostrar el origen y la disponibilidad lícita del producto, además de la congruencia de la operación. Identificar el supuesto aplicable del artículo 2 y la documentación exigida por el artículo 5 es el punto de partida para operar dentro del nuevo marco regulatorio.