Hablar del crecimiento de la inversión extranjera directa en México sin considerar lo sucedido en el sector energético a partir de la Reforma Energética de 2013–2014 dejaría incompleta una parte relevante de la historia económica reciente del país. La reforma constitucional de diciembre de 2013 y, sobre todo, las leyes secundarias publicadas el 11 de agosto de 2014 modificaron las condiciones bajo las cuales podía participar el capital privado en electricidad e hidrocarburos. Entre otras disposiciones, fueron expedidas la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica y se modificó la propia Ley de Inversión Extranjera.
Hay que afirmar que la inversión energética sólo acompañó el crecimiento de la IED nacional minimizaría su importancia. La apertura creó mecanismos que antes no existían con esa amplitud. Sin esas modificaciones institucionales, parte del capital extranjero difícilmente habría ingresado en las mismas condiciones, sectores y magnitudes. Aunque no toda la inversión posterior a 2013 puede atribuirse a la reforma, ésta fue una condición habilitante para ampliar el universo de inversión posible.
Los números ayudan a dimensionarlo. De acuerdo con la serie energética ajustada utilizada para este análisis, entre 2006 y 2012 México recibió 12 mil 738 millones de dólares de IED relacionada con energía. En 2006 fueron apenas 577 millones; posteriormente se registraron 4 mil millones en 2007, 2 mil 288 millones en 2008, 904 millones en 2009 y solamente 466 millones en 2010. Para 2011 ascendió a 868 millones y en 2012 llegó a 3 mil 635 millones. Era una trayectoria sumamente volátil, pero todavía dentro de un mercado con espacios limitados para la participación privada. Los datos proceden de una serie de trabajo elaborada con información de la Secretaría de Economía sobre la inversión en actividades energéticas.
El cambio de escala puede observarse después. Entre 2013 y 2018 la IED energética acumuló alrededor de 32 mil 448 millones de dólares. En 2013 registró 5 mil 525 millones; en 2014, 3 mil 094 millones; en 2015, 6 mil 357 millones; en 2016, 4 mil 568 millones; en 2017 alcanzó un máximo de 6 mil 747 millones y en 2018 se situó en 6 mil 157 millones. En 2017, la inversión energética representó aproximadamente 19.8 por ciento de toda la IED registrada en México, mientras que en 2018 correspondió al 19.5 por ciento. En otras palabras, prácticamente uno de cada cinco dólares de IED de esos años estuvo asociado, conforme a esta serie analítica, con actividades energéticas. La ausencia de un crecimiento exponencial entre 2018 y 2026 podría indicar que numerosas empresas no emprendieron nuevos proyectos y optaron por reinvertir utilidades para sostener sus operaciones existentes.
La energía dejó de ser marginal en la atracción de capital y se convirtió temporalmente en un componente relevante de la IED nacional. Sin la apertura regulatoria, México habría ofrecido menos proyectos al inversionista extranjero y difícilmente habría captado esa porción de inversión en las mismas condiciones. La reforma no explica cada dólar, pero coincidió con un periodo en que la IED energética adquirió una dimensión considerable dentro del total nacional.
Después apareció otro fenómeno. La IED energética cayó de 6 mil 157 millones de dólares en 2018 a 2 mil 610 millones en 2019, un descenso de 57.6 por ciento. En 2020 se redujo a mil 876 millones; posteriormente rebotó hasta 4 mil 284 millones en 2021, alcanzó 3 mil 685 millones en 2022 y 3 mil 583 millones en 2023. En 2024 volvió a caer, esta vez a sólo mil 596 millones, antes de recuperarse hasta 5 mil 382 millones en 2025, con un crecimiento anual de 237.2 por ciento. Durante enero-junio de 2026 se contabilizan 3 mil 449 millones, dato que necesariamente debe considerarse parcial y que no puede compararse directamente con un ejercicio completo.
La pregunta importante ya no es solamente cuánto capital extranjero puede recibir México, sino hacia dónde debería dirigir las condiciones necesarias para atraerlo durante las próximas décadas. El ejercicio prospectivo elaborado a partir de una base de 5 mil 382 millones de dólares en 2025 considera tres escenarios: favorable, con crecimiento nominal anual de 5 por ciento; continuidad, con 2 por ciento; y adverso, con una contracción anual de 1 por ciento. Son escenarios ilustrativos, no pronósticos oficiales ni inversiones garantizadas.
Bajo el escenario favorable, México podría acumular alrededor de 56 mil 700 millones de dólares de IED energética entre 2027 y 2034, 83 mil 700 millones entre 2035 y 2042 y 123 mil 700 millones entre 2043 y 2050. Bajo una trayectoria de continuidad, esos montos serían aproximadamente 48 mil 100, 56 mil 300 y 66 mil millones, respectivamente. En el escenario adverso descenderían a unos 40 mil 800 millones en el primer periodo, 37 mil 600 millones en el segundo y 34 mil 700 millones durante 2043–2050. Las diferencias muestran el coste potencial de perder dinamismo inversor: al final del horizonte, la brecha entre el escenario favorable y el adverso sería enorme.
El gas natural merece especial atención. En el escenario favorable, la proyección ilustrativa asigna al gas aproximadamente 14 mil 200 millones de dólares entre 2027 y 2034, 20 mil 900 millones entre 2035 y 2042 y 30 mil 900 millones entre 2043 y 2050. En el escenario de continuidad serían 15 mil 400, 18 mil y 21 mil 100 millones, respectivamente. Incluso en el escenario adverso, el gas mantendría un peso elevado, con aproximadamente 14 mil 300 millones, 13 mil 200 millones y 12 mil 100 millones en esos mismos periodos. Esto refleja los supuestos sectoriales del escenario y no constituye una predicción oficial sobre inversión futura.
Pero México no debería interpretar esas cifras como una invitación a concentrarse únicamente en hidrocarburos. Precisamente ocurre lo contrario. La estrategia de largo plazo debería equilibrar seguridad energética, electricidad, gas natural, infraestructura y nuevas necesidades industriales. En el escenario favorable elaborado para este análisis, el sector eléctrico absorbería el 35 por ciento de la IED energética, el gas natural el 25 por ciento, la infraestructura energética el 12 por ciento, la extracción de petróleo y gas el 10 por ciento, la minería el 11 por ciento, la industria química el 5 por ciento y la comercialización de petrolíferos el 2 por ciento. Esta distribución es una propuesta analítica y no una asignación gubernamental ni una proyección oficial.
La principal apuesta tendría que estar en electricidad. Entre 2027 y 2034, un escenario favorable significaría aproximadamente 19 mil 800 millones de dólares dirigidos al sector eléctrico; entre 2035 y 2042 serían 29 mil 300 millones y entre 2043 y 2050 podrían alcanzar 43 mil 300 millones. A ello habría que agregar inversión en infraestructura energética por aproximadamente 6 mil 800, 10 mil y 14 mil 800 millones de dólares en los mismos periodos.
La competitividad industrial futura requerirá capacidad energética para nuevas fábricas, centros industriales, cadenas logísticas y actividades productivas. Atraer una planta sin garantizar electricidad, gas e infraestructura equivale a hacerlo sin las condiciones para crecer. Hacia 2050, la energía debe entenderse no sólo como mercancía, sino como infraestructura económica.
El gas natural debería ocupar una posición estratégica especialmente durante la transición, pero también representa un reto de seguridad energética. México necesita fortalecer infraestructura de transporte, almacenamiento y resiliencia del suministro. Al mismo tiempo, debe desarrollar generación eléctrica, redes y proyectos capaces de responder al crecimiento futuro de la demanda. No se trata de escoger entre hidrocarburos y electricidad, sino de construir una matriz que reduzca vulnerabilidades y permita incorporar progresivamente tecnologías más limpias y eficientes. Además, la seguridad energética internacional se ha convertido en un elemento central de las decisiones de inversión, como muestra el contexto analizado a partir de los datos de la Secretaría de Economía.
El capital, sin embargo, no llegará únicamente porque México tenga demanda. La experiencia demuestra que los proyectos necesitan reglas previsibles, permisos con plazos definidos, certidumbre jurídica, respeto contractual, mecanismos eficaces de solución de controversias, acceso a financiación y capacidad real de ejecución. También será determinante que los esquemas de colaboración con las empresas energéticas del Estado resulten financieramente viables y permitan complementar las inversiones públicas con capital privado cuando corresponda. Estas son precisamente las condiciones contempladas en el escenario favorable del ejercicio prospectivo.
México enfrenta una decisión estratégica. Las cifras muestran que, cuando el marco institucional amplía los espacios de inversión, el sector energético puede aportar miles de millones de dólares y elevar su participación en la IED nacional. Sería incorrecto atribuir toda la dinámica de inversión a una sola reforma, pero también ignorar que la apertura permitió actividades y mecanismos antes restringidos. Las leyes secundarias de 2014 materializaron esa nueva arquitectura para electricidad e hidrocarburos.
La discusión hacia 2050, por tanto, no debería limitarse a preguntar cuánto petróleo produciremos o cuántas plantas eléctricas construiremos. La verdadera pregunta es cuánta inversión productiva podremos movilizar para garantizar energía suficiente, competitiva, segura y progresivamente más limpia. Si México ofrece certeza y proyectos ejecutables, electricidad, gas natural e infraestructura pueden volver a convertirse en poderosos receptores de capital. Si no lo hace, el país no sólo perderá inversión energética: también puede limitar la inversión industrial que necesita energía para instalarse, producir y competir. Ésa es la lección económica más importante. La energía no compite contra la inversión extranjera del resto de la economía. La energía es una de las condiciones que hacen posible que esa inversión llegue, permanezca y crezca.