A 41 días de que inicie el sexenio de Claudia Sheinbaum, y 10 días para la instalación de la LXVI Legislatura, integrada por nuevos 500 diputados y 128 senadores, se incrementa el debate por la fórmula que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, definirán para determinar cómo quedaran repartidos los 200 diputados de representación proporcional entre los seis partidos vigentes, donde Morena y aliados, no solo quieren la mayoría que les corresponde por ser los ganadores de la elección con el 54% de los votos, sino que quieren tener una mayoría aplastante en el congreso con más del 75% de las curules, contraviniendo a lo señalado por la Constitución Mexicana, pudiendo llevar a México al pasado de un partido hegemónico de una sola voz. El presidente ha criticado y descalificado a quienes han hecho un llamado al INE a que definan apegados a la Ley y cuidando los equilibrios democráticos.
El otro frente que se abre, son las protestas y el inicio de un paro inédito en el país de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial federal, que advierten afectaciones a sus derechos ante la propuesta del presidente para reformarlo, que propone entre otras cosas que jueces y magistrados sean electos por voto popular y que se creen dos órganos independientes que sancionen a jueces y magistrados, en sustitución de la Judicatura. El paro generalizado afectará a quienes hoy están en medio de algún proceso judicial administrativo, civil, o penal, aunque para López Obrador el paro no afectará al “pueblo”, incluso los considera paleros.
La prisa de López Obrador por lograr la sobrerrepresentación y que los legisladores aprueben las 18 reformas constitucionales, pareciera obedecer más a la sed de venganza contra los magistrados que no se sometieron a su voluntad en su sexenio, que a la verdadera y urgente necesidad de reformar a un poder judicial que padece de corrupción nepotismo y privilegios.
Un juego de vencidas en el ocaso del sexenio, donde solo uno será el ganador, pero con muchos perdedores.