En las elecciones de Coahuila triunfó la alianza concertada entre el PRI, PAN y PRD; esta victoria es, también, un justo y merecido reconocimiento al gobernador Miguel Riquelme Solís.
La terminación de las elecciones en los estados de México y Coahuila, abrió el escenario para las batallas entre los pretendientes a la candidatura presidencial.
Por eso, es el tiempo para reflexionar acerca de la trascendencia que tiene la participación ciudadana en los procesos electorales y en las decisiones públicas.
Es la hora de borrar la idea de que la política sólo atañe a gobernantes y políticos profesionales.
En el recto sentido de la palabra política, todos los que vivimos en la ciudad, la polis, somos por eso políticos.
Quienes nieguen esa condición renuncian tácitamente a ejercer sus derechos ciudadanos; y son en gran parte responsables de los malos gobiernos.
Como ciudadanos tenemos derechos políticos fundamentales a los que no debemos renunciar.
Esos derechos están consagrados en la Constitución y son: vivir en una república representativa, democrática, laica y federal; con división efectiva de poderes y un estricto control de la constitucionalidad de los actos gubernamentales; que el voto sea universal, libre y secreto; votar y ser votado; exigir a los gobernantes transparencia y rendición de cuentas.
Además, está incluido el derecho a que se gobierne con planes y programas profesionales que tengan como directriz el régimen constitucional vigente; y no arbitrariamente.
Esos derechos tienen la bilateralidad de toda norma jurídica: otorgan derechos e imponen obligaciones, esto es, que ante el titular de un derecho existe una persona obligada a satisfacer lo dispuesto en la norma.
En síntesis, los ciudadanos somos los titulares de los derechos políticos fundamentales y los obligados a respetarlos y a actuar en consecuencia son los gobernantes.
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