Son fundadas las acusaciones en contra de los gobiernos priistas y, en su medida, de los panistas, pero es mezquindad negar que fundaron instituciones eficaces y que los presidentes dejaron el poder al finalizar sus periodos.
Gracias a eso el país avanzó en el camino de la democracia y la participación ciudadana; superando el pobre concepto de la democracia electoral para concebirla como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Este concepto que implica la colaboración cívica en políticas públicas, se materializó en la creación de consejos ciudadanos y en la instauración de organismos autónomos: posibilitando, así, la construcción progresiva de un gobierno abierto.
El gobierno abierto es una cultura de gobernanza que promueve y facilita la participación de la ciudadanía en el fortalecimiento democrático, la movilidad social y el crecimiento inclusivo; y, preponderantemente, en la transparencia, integridad y rendición de cuentas gubernamentales.
Son ejemplos significativos de gobierno abierto: los Institutos Nacionales: Electoral; de Geografía y Estadística; de Evaluación Política y Desarrollo Social; y de Acceso a la Información; y las Comisiones Nacionales de Competencia; y de Derechos Humanos. Y, naturalmente, muchas organizaciones civiles.
La experiencia ha enseñado que cuando la democracia se constriñe a la elección de gobernantes por votación, se abre la puerta al despotismo popular, esto es, al gobierno arbitrario de la mayoría; o, peor aún, a dictaduras electas democráticamente.
Ante eso, el mecanismo eficaz para evitar o corregir esas perniciosas desviaciones de la democracia, es la existencia y funcionalidad del gobierno abierto, esto es, la participación oportuna y eficiente de los ciudadanos en la construcción y operación de las políticas públicas.
Ahora, el oficialismo pretende desaparecer a varios organismos autónomos para cerrar el gobierno a la participación ciudadana y a la democracia real.
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