Es entendible que la Constitución y la legislación en materia de energía eléctrica necesitan cambios para evitar los abusos en la generación para autoconsumo y en las condiciones de transmisión y distribución.
Pero la obstinación presidencial de imponer la reforma constitucional en sus propios e irrebatibles términos, impidió que fuera consensuada con los demás partidos y con las empresas afectadas.
En la democracia la función legislativa requiere el voto libre y razonado de los legisladores y la participación efectiva de los gobernados.
Por el contrario, en los gobiernos autoritarios el presidente se impone sobre los otros poderes y la sociedad.
Loewenstein distingue dos formas de gobierno autocrático: el autoritario y el totalitario. Al respecto dice:
“En el autoritarismo una sola persona ejerce el poder, pero no se excluyen elementos de la democracia, como la existencia de una constitución y una libertad restringida de los gobernados que no se contraponga al poder político.”
“El gobierno autoritario se contrae al ejercicio de las funciones públicas en al ámbito estrictamente político sin extenderse a las esferas socioeconómicas”.
“Son características del autoritarismo que los otros poderes estén sometidos al control del presidente; y la exclusión de los gobernados de las decisiones gubernamentales”.
“El régimen autoritario se satisface con el control político del Estado sin pretender dominar la totalidad de la vida socioeconómica ni determinar su actitud espiritual”.
Todo indica que la lucha contra la reforma, deliberada o involuntariamente, en el fondo, es por el temor de que el autoritarismo desarrolle un régimen totalitario.
Temor que se acrecienta con la amenaza de linchar mediáticamente a los diputados que votaron en contra.
En los regímenes totalitarios, además de la concentración del poder en una sola persona o grupo, el gobierno asume la dirección ideológica de la comunidad y absorbe las actividades socioeconómicas.
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