El lunes 7 de marzo de 2022 Andrés Manuel López Obrador, cabeza del Poder Ejecutivo mexicano, intervino con todo el peso de su voz en un asunto que estaba siendo juzgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sólo eso faltaba para politizar peor la injusticia cometida por el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en contra de dos mujeres adultas mayores: Laura Morán, de 94 años, y Alejandra Cuevas, de 68.
Colocándose del lado de Gertz, declaró ese día el mandatario: “Yo entiendo la situación personal, moral (y) humana del fiscal porque se trata de un asunto vinculado con su hermano. Lo entiendo, él quiere que se haga justicia”.
Uno se pregunta por qué la empatía presidencial no fue capaz de visitar también la situación personal, moral y humana de las dos mujeres víctimas.
Entre otros argumentos, esta notoria intromisión del Poder Ejecutivo en asuntos judiciales habrá de ser ponderada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ahora que, en respuesta a una petición de Alejandra Cuevas, su caso se encuentre en etapa de admisibilidad.
Se trata de uno de los expedientes más escandalosos en la historia judicial mexicana porque reúne una abultada lista de violaciones a la Convención Americana, la mayoría reconocidas por unanimidad por la SCJN.
Muy probablemente la CIDH va a declarar admisible la petición. Sin embargo, es incierta la respuesta que dará el Estado mexicano. Por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puede reconocer las violaciones, también cabe que intente justificarlas, o bien, de plano, que niegue su validez.
Si bien lo más deseable es que reconozca las exigencias —por la gravedad de las arbitrariedades cometidas— la repercusión de dicho reconocimiento tendría proporciones telúricas.
No sólo afectaría a las instituciones responsables, sino también a las personas que, en concreto, habrían cometido esas violaciones. Destacadamente el exfiscal Gertz, pero también la entonces fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien recién sustituyó al primero a nivel nacional; los ministerios públicos que torcieron la ley, así como la jueza que concedió la orden de aprehensión en contra de Cuevas, por un delito que, como dijo después la SCJN, era inexistente.
En un comunicado emitido por la víctima, fechado esta semana, se reclama que —posterior de la absolución judicial— el Estado mexicano no haya explicado “cómo fue posible que una maquinaria institucional funcionara de esa manera. Nunca asumió responsabilidad. Nunca asumió el daño de fama completa, pública y digna”.
Añade luego con buena lógica y tino: “El silencio, con el tiempo, deja de ser omisión para convertirse en una posición”. Al respecto, exige Alejandra Cuevas a las autoridades mexicanas que informen cuál será la posición institucional: “esa respuesta importa, no como formalidad burocrática, sino como señal real de si el Estado mexicano está dispuesto a enfrentar lo que (realmente) ocurrió”.
Cuevas tiene todo el derecho a reclamar el máximo resarcimiento público, moral, político y también económico. Pasó 500 días en prisión por un delito que no solamente no cometió, sino que tampoco está previsto por las leyes mexicanas. Un falso crimen por el que también fue acusada su madre; uno que arrebató paz, patrimonio y vida al resto de su familia.
Resulta más que obvio que este caso jamás habría procedido sin el tráfico de influencias, el abuso y la asimetría de poder, la violencia de género, la presión política, el uso de recursos públicos y la protección presidencial, todo relacionado con la actuación del fiscal Alejandro Gertz Manero —actual embajador de México en Gran Bretaña.
La pesadilla por la que tuvieron que atravesar Laura Morán y Alejandra Cuevas comenzó, en efecto, con una acusación que tiene como único fundamento la ideación criminal de un individuo que torció el código penal para inventarse un delito fantasma.
Según la subjetiva convicción de Alejandro Gertz, Laura Morán, en complicidad con su hija Alejandra, cometieron un homicidio “por omisión”, ya que no prestaron auxilio a su hermano, Federico Gertz, durante las semanas previas a que fuera ingresado al hospital donde, al cabo de treinta días de internamiento, terminaría falleciendo.
Como reconoció la SCJN, no era posible pedirle a una mujer que entonces tenía 88 años que actuara más allá de sus capacidades para salvar a un hombre, seis años menor, cuyo estado de salud estaba gravemente deteriorado.
Más absurdo fue acusar de la misma omisión a Alejandra Cuevas, quien no era hija de Federico Gertz, cuando ella no residía en la casa donde su madre y su pareja compartieron vida durante cinco décadas. Tan ridícula fue la acusación que la primera denuncia presentada por Alejandro Gertz fue desechada por el Ministerio Público (MP), ya que la consideró improcedente.
Todo cambió, sin embargo, cuando Alejandro Gertz fue nombrado titular de la Fiscalía General de la República. Lo primero que hizo fue acusar al MP que había desechado su acusación por la comisión del presunto delito de “negación de servicio”, expediente por el que este funcionario fue procesado en primera instancia.
Contó Gertz para ello con el apoyo de Ernestina Godoy, entonces fiscal general de la Ciudad de México. Ese mismo soporte sirvió después para que prosperara la orden de aprehensión, la detención ilegal y la privación de la libertad durante un año y cinco meses de Alejandra Cuevas.
El colmo de la arbitrariedad se cometió cuando Gertz consiguió el proyecto de sentencia que se estaba discutiendo en la SCJN, sin que la contraparte tuviera acceso a los mismos documentos.
Tal como en su día advirtió Arturo Zaldívar, entonces presidente de la SCJN, este episodio lesionó seriamente la imagen de la FGR: la presentó como un órgano al servicio del poder y de los chuecos caprichos de quienes la encabezan.
El caso Cuevas terminará siendo tan relevante como otros dos de la Corte Interamericana: el de García Rodríguez y el de Tzompaxtle Tecpile, ambos relacionados con detenciones arbitrarias y privación ilegal de libertad. Tocará ahora al Estado mexicano decidir si niega los hechos y lleva más lejos el absurdo, o bien, si reconoce las violaciones cometidas a la vez que ofrece a Alejandra Cuevas la más amplia disculpa pública y el mayor resarcimiento del daño.