Al que engaña con apariencia de decir verdad se le llama impostor. Eso es justamente el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, un impostor.
El jueves 9 de diciembre un grupo representativo de la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) se reunió en Casa de Gobierno con las autoridades para exigir la devolución de las instalaciones de este centro educativo ubicadas en San Andrés Cholula.
Esta demanda se legitima en la orden emitida por el juez Roberto Yáñez Quiroz, quien un mes y diez días antes habría ordenado la liberación del campus. Estando contra las cuerdas, el gobierno de Barbosa prometió que intervendría para que el viernes 10, a primera hora, se cumpliera con la orden judicial.
Sin embargo, la comunidad fue cobardemente engañada. Agentes de la policía municipal y de la policía auxiliar continuaron impidiendo el acceso a las instalaciones.
La rectora legal de la Udlap, Cecilia Anaya Berríos, confirmó que sujetos armados y vestidos con uniforme tenían aún la posesión del inmueble.
Ante la denuncia pública de la mentira, Barbosa respondió que “esa universidad no estaba tomada por el gobierno estatal”. Con apariencia de decir verdad refirió que no eran agentes bajo sus órdenes quienes impedían el acceso al recinto. ¿Cómo explicar entonces que policías de dos corporaciones (auxiliares y municipales) hayan podido conservar el control del campus sin contar con el respaldo de la autoridad? ¿Acaso se mandan solos?
Puntualmente, quien debería dar la orden para que se retiren esos agentes es el rector “espurio” nombrado por el propio Barbosa. Así que todo vuelve al punto de origen: si el gobernador de Puebla no ordena a Armando Ríos Piter retirar a los uniformados, las puertas seguirán cerradas.
La autoridad local está obligada a asegurarse de que se cumpla con la orden del juez Yáñez Quiroz; al no hacerlo incurre en un abierto desacato a la autoridad judicial cuyos responsables, según el artículo 178 del Código Penal Federal, habrían de ser procesados como delincuentes.
Zoom: 10 mil estudiantes han sido afectados por un conflicto jurídico sin sustento, pero sobre todo por la actuación ilegal de un gobernador que engaña y simula, un tremendo impostor.
Ricardo Raphael
@ricardomraphael