Si hemos de pagar con cárcel, que así sea: las instituciones públicas son profanas, no sagradas. El derecho a burlarse del poder no es negociable.
Iban por una reforma sensata y lo echaron todo a perder. Ahora resulta que, a rajatabla, en México será delito utilizar, reproducir o imitar “la identidad gráfica” de las instituciones públicas.
Cada día más sordo, el oficialismo se negó a reconocer la sátira y la parodia como excepciones. Y no es tanto por la ley aprobada, sino por esa negativa a precisarla, que hoy nos preguntamos si comediantes, caricaturistas y demás creadores de contenido podríamos terminar tras las rejas.
La lógica detrás de la ley era correcta, pero la arrogancia vino a hacer de las suyas.
Nadie se opone a que se castigue a los criminales que se disfrazan de soldados y cuelgan en el uniforme emblemas de uso exclusivo del Ejército. Es impecable la pena propuesta para quien venda medicamentos pirata con el logotipo del IMSS, o la sanción prevista para quien envíe un correo fraudulento con el emblema del SAT.
Ninguno de estos supuestos tiene que ver con la sátira o la parodia. Para que el humor y la crítica funcionen es indispensable que el público distinga entre el objeto original y la burla que se hace de él.
Dicho de otro modo: sin remedo no hay parodia. Hablamos, pues, de cosas muy distintas. El criminal vestido de soldado busca engañar para que lo tomen por uno; el parodista no pretende engañar, sino burlarse precisamente del original.
¿Dónde está entonces el problema? En la redacción deliberadamente ambigua del legislador y, sobre todo, en su negativa a deshacer esa ambigüedad.
Si mañana Helioflores, Magú, Paco Calderón, Jabaz o Rocha, por mencionar solo a algunos caricaturistas, son perseguidos por las autoridades, al resto nos tocará radicalizar nuestro derecho a parodiar a las instituciones y a sus encumbrados inquilinos.
Zoom: contra la parodia, más parodia; contra la sátira, más sátira; contra lo sagrado, todo lo profano; contra la estupidez, el humor bien plantado.