Rosario Ibarra de Piedra fue la primera autoridad que abrió la puerta. Enriqueta Cruz, María Elena Cruz y Julieta Freyre fueron recibidas en las oficinas de la entonces senadora para exponer su caso. Nadie más quería creerles: estaban siendo víctimas de una monstruosa fabricación urdida, entre otros, por la poderosísima Isabel Miranda de Wallace.
Julieta tomó la palabra y muy pronto le brincaron las lágrimas. Cuenta Enriqueta Cruz que estaba exaltada porque recordó los meses transcurridos en la cárcel, junto con su madre Rosa Morales.
Las encerró Rodrigo Archundia Barrientos, antiguo titular de la Unidad Antisecuestros de la PGR, con el solo propósito de obligar a César Freyre Morales a declararse culpable del secuestro de Hugo Alberto Wallace.
Julieta narró el tiempo que pasó lejos de sus hijas, también los maltratos que ella y su madre experimentaron y las torturas a las que estaba siendo sometido su hermano en el penal del Altiplano.
“Platicaba y lloraba,” recuerda Enriqueta. “De golpe volteó a verme y me dijo que se sentía muy mal. Entonces se derrumbó en mis brazos mientras emitía sonidos extrañísimos.” Los abogados de doña Rosario hicieron venir una ambulancia. Al llegar al hospital los médicos informaron que Julieta Freyre había sufrido un derrame cerebral. Enriqueta le ayudó a quitarse la ropa mientras, con voz delirante, repetía: “Soy inocente.”
La aclaración era innecesaria ya que, después de 10 meses en prisión, el juez de la causa las liberó porque las encontró inocentes. Julieta Freyre falleció siete días después dejando huérfanas a dos niñas pequeñas.
Narra César Freyre que el mismo día de la muerte de su hermana recibió en prisión visita de los emisarios de Isabel Miranda. Con burla, le informaron de la tragedia y luego lo torturaron. Aunque ya había sucedido antes, asegura que fue peor. Se ensañaron porque sabían que su ánimo estaba quebrado.
Diez años han pasado desde aquel episodio y más de 13 desde que Brenda Quevedo Cruz, hija de Enriqueta, vive privada de su libertad. No solo César Freyre refiere torturas, también Albert y Tony Castillo Cruz, Jacobo Tagle Dobin y Juana Hilda González Lomelí. Todos han sido coaccionados para inculparse del secuestro del hijo de la señora Wallace, pero algunos han sido más fuertes que otros.
Reflexiona Enriqueta que ella no está para juzgar a nadie: “Solo quien ha experimentado esos tratos horribles sabe cuánto se puede aguantar. Yo estoy muy orgullosa de mi hija, ha sufrido tanto y sin embargo jamás se quebró.”
Brenda narró los dos episodios más violentos en un libro titulado La llave es la pluma, literatura carcelaria femenina.
El primero ocurrió en el penal de Santiaguito y el segundo en las Islas Marías. Varias compañeras reclusas de Brenda confirman los hechos. La narración de lo ocurrido en Islas Marías es insoportable: “Estuvieron torturándome más de seis horas, seis hombres contra una mujer… Uno de ellos me metía el puño cerrado en mi parte hasta que empecé a sangrar. Me decían que me veía como una golfa miada, que no valía un centavo… Ya tenía un rato de no estar ahí, me había ido lejos … No quería sentir, quería morir.”
Desde finales de agosto de este año el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU reconoció las torturas sufridas por Brenda. Señaló como injusta una privación tan larga de su libertad, sin que los jueces hayan aún dictado sentencia en primera instancia.
Este organismo recomendó que fuese puesta en libertad, que se le concedieran reparaciones y que se investigara a los responsables de la violación a sus derechos humanos.
Ayer, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que su gobierno toma como obligatorias las consideraciones de los organismos internacionales.
Si tal cosa es cierta, pronto las víctimas del caso Wallace pisarán la calle, y muchos de sus fabricantes ingresarán a prisión.
La opinión de la ONU apunta directamente hacia los funcionarios de la PGR que participaron en la invención de uno de los casos más monstruosos de la historia criminal mexicana.
Vale la pena mencionar varios nombres: Oswaldo Jiménez Juárez, un empleado de Isabel Miranda que según Brenda Quevedo participó en su tortura; Rodrigo Archundia Barrientos, actual fiscal antisecuestro del gobierno del Estado de México, y Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Seido. Lo mismo que los ministerios públicos Fermín Ubaldo Cruz, Braulio Robles Zúñiga, Hugo Guevara Puerto, Dax Heverest García Vidal y Martha López Astorga.
El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, quien sucumbió ante las presiones políticas y renunció a su responsabilidad como garante de la Constitución, debería encabezar la lista.
Especial mención merecen obviamente Isabel Miranda Torres y su hermano Roberto Miranda Torres.
Enriqueta Cruz habla por las demás víctimas: “Nos hemos enfrentado al enorme poder político y económico que representa Isabel Miranda y siempre perdimos. Por una vez la hemos vencido”.
El caso de Brenda Quevedo es el primero donde los defensores de los desposeídos le ganan la partida a los abogados del privilegio. Quien presentó y ganó el caso ante el Grupo de Trabajo de la ONU fue la defensoría de oficio de la Federación. ¡En hora buena! En el tren de la justicia federal las cosas sí están cambiando: con estos precedentes la cancha se va poniendo cada día más pareja.
@ricardomraphael