Daño renal, falla hepática, diarrea y vómito fueron los síntomas sufridos por los pacientes del doctor Jesús Maximiliano Verduzco Soto durante las horas previas a su muerte.
En conjunto, estos síntomas infieren una reacción radical del sistema inmunológico que terminó afectando los tejidos y los órganos de las personas a quienes este médico suministró, vía intravenosa, sueros contaminados.
Las víctimas padecieron una agonía que, en promedio, duró un par de días: ocho perdieron la vida y otras tres ingresaron de urgencia a un hospital.
A estas alturas es claro que este galeno tuvo licencia para matar. Desde 2004 su clínica obtuvo registro de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); este dato es fundamental para comprender por qué los clientes de Verduzco pusieron la salud en sus manos.
No es como si hubieran visitado al yerbero de un mercado popular, porque la clínica y el doctor contaban con documentos oficiales que respaldaban su actividad.
Después de la tragedia, tanto la Cofepris como la Secretaría de Salud de Sonora ingresaron a la clínica. No fue hasta ese momento que tomaron conciencia de varios datos alarmantes:
Primero, que los equipos y las herramientas utilizadas estaban contaminados. Segundo, que “los sueros” eran elaborados de manera artesanal. Tercero, que los productos patrocinados por la clínica eran de naturaleza engañosa y utilizaban un insumo desacreditado científicamente y sin ningún respaldo regulatorio, (células madre).
Además, el doctor aplicaba su suero a domicilio, una actividad que en México no está regulada por las normas sanitarias.
Más allá de la responsabilidad del doctor Verduzco, las muertes provocadas por este criminal habrían de poner el acento en las capacidades de verificación con las que hoy no cuentan ni la Cofepris ni las instancias locales.
Ciertamente, los consultorios y clínicas no son supervisadas con la frecuencia necesaria. Tampoco existe una norma que regule la preparación de soluciones intravenosas y su administración dentro y fuera de esos establecimientos. Además, no hay ninguna dependencia gubernamental que vigile los servicios sanitarios ofertados a través de las redes sociales.
Zoom: la tragedia del suero de la muerte no puede quedar impune. La responsabilidad es del médico, pero también de la autoridad omisa.