Guadalupe Taddei explicó que renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) para poner a la institución por encima de su persona.
A esa declaración le faltaría un agregado: su salida debería aprovecharse para que la presidencia del INE se coloque también por encima de las facciones polarizadas de su Consejo General, y para que el instituto gane autonomía frente a todos los partidos.
Corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) corroborar las acusaciones contra Taddei por presunto abuso de autoridad y tráfico de influencias. Lo que no necesita demostrarse es que, desde la presidencia, fomentó fracturas en un órgano diseñado para funcionar de manera colegiada.
Atrincherada en una mayoría frágil, Taddei maltrató sistemáticamente a las consejerías que no se plegaron a sus dictados. Después, en octubre de 2024, se reformó la ley para permitirle decidir de manera unipersonal.
Esas superfacultades estarían en el origen de los señalamientos contra ella. El caso más sensible es el nombramiento en la Dirección de Administración del INE de Jesús Octavio García, exapoderado legal de Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas bajo investigación.
Mientras la Cámara de Diputados resuelve la sustitución, sería deseable que quien ocupe provisionalmente la presidencia cuente con el mayor consenso posible para trascender la polarización.
Hay tres personas que, por su papel dentro del Consejo, podrían lograrlo:
Uuc-kib Espadas, bisagra entre ambos bloques. Ocurra lo que ocurra, su voto será decisivo para la presidencia provisional.
Rita Bell López, quien formó parte del bloque mayoritario y luego se pasó al otro. Conoce ambos lados y goza de credibilidad.
Y Martín Faz, considerado el moderado del bloque minoritario.
Hay escenarios que colocan a Arturo Chávez López en ese puesto. Sin embargo, a diferencia de los otros tres, este consejero prolongaría la fractura.
Zoom: si el Consejo resuelve la presidencia provisional con amplio consenso, la Cámara de Diputados estaría obligada a considerar a esa persona para el cargo definitivo. Ese es el principal incentivo para que las consejerías busquen un acuerdo.