El gobierno gringo le acaba de retirar la visa a Andy López Beltrán. El afectado lo hizo público al escribirle a Donald Trump, en un arco reflejo de su ego marchito, una sentida carta donde culpa a Marco Rubio hasta de ser “hitleriano”, y le pregunta al presidente si se enteró de la acción, como asombrado de que la impunidad total de la cual la familia López goza en México debiera extenderse a Estados Unidos. En un destello de madurez, y destilando una estulticia químicamente pura, remata la carta diciéndole que al cabo que ni quería, que su país está podrido y que se quede con su documento.
Trump, por supuesto, estaba enterado, por simple protocolo: cuando alguna rama del gobierno toma acciones contra algún personaje que puede causar revuelo político o mediático, lo primero que hace es avisarle a su jefe máximo para que la noticia no lo pesque con los dedos en la puerta, y para que su vocería pueda preparar una respuesta adecuada. Pensar que la decisión fue un compló de unos segundones atrabancados que va a ser revertido, con fulminantes despidos como ofrenda florida, en cuanto Trump se entere de que han mancillado el honor del alma de Morena y futuro presidente de México, Andrés Manuel López Beltrán, para servirle a usted y al cártel de Sinaloa, es de un provincialismo de terror. En todo caso, ya vimos que le valió dos kilos de boñiga. La acción, que cuando se aplica a estos perfiles suele ser un preámbulo de apretones de mucho mayor calado, es el último eslabón de la embestida contra lo que al norte del Bravo se percibe, con harto sustento, como un gobierno de narcopolíticos que pudre desde las más humildes alcaldías hasta los más rancios salones de Palacio Nacional con el fin último de envenenar a sus juventudes y corromper a sus ciudadanos.
El retiro del documento migratorio no implica, necesariamente, que haya una orden de arresto o siquiera una investigación criminal formal en contra del desvisado. Pero el hecho, en un personaje con alcances y ambiciones políticas como López Beltrán, sí apunta a dos cosas: a que el gobierno gringo tiene claros indicios, cuando no evidencias, de alguna conducta indeseable o sospechosa que, aún sin confirmaciones oficiales, tiene que ver con el involucramiento o la complicidad del acusado con algún tipo de conducta criminal, o que vulnera su seguridad nacional y, sobre todo, a que Washington quiere enviar el recibo de lo anterior de manera clara y fuerte.
Para sorpresa de nadie la Presidenta volvió a hincarse a besar los narcopiés en turno y a enmarcar un trámite legal y legítimo —por no hablar de merecido— como un ataque injerencista a la soberanía. Una soberanía que nadie en su masiosare gobierno ha defendido en el caso de la docena de mexicanos muertos bajo los drones del Comando Sur. Aún en un país donde cotidianamente pasan cosas terribles, y muchas veces absurdas, el que uno de los tlatoanis del nuevo partido de Estado y aspirante a la grande con la bendición de su padre, el expresidente vitalicio, sea señalado con el equivalente a una gran N escarlata por Estados Unidos, no es cualquier cosa. Y agárrense, porque esto apenas comienza.