Tengo un amigo que es dueño de un restaurantito. Más allá de los problemas a los que la pandemia del coronavirus ha sometido a los pequeños comerciantes, ellos como mi amigo, tienen décadas de estar sufriendo la corrupción de los inspectores, que por motivación propia o por órdenes superiores, se la pasan extorsionándolos.
Los inspectores, todos lo sabemos, se aprovechan de cualquier pequeña falla en el cumplimiento de los múltiples reglamentos y normativas, para exigir dinero a los dueños de los comercios. Supongo que aquí queda claro que el corrupto es el servidor público que le exige dinero al comerciante para no cerrar el negocio. El restaurantero es el extorsionado.
Pongamos otro ejemplo. Viene usted manejando y una patrulla lo detiene. Le pide los papeles. Revisa si tiene la verificación hecha, si la tarjeta de circulación sigue siendo válida, si trae su licencia de conducir, si tiene aliento alcohólico, etc. Evidentemente, los policías de esa patrulla no están interesados en mantener el orden público; lo único que quieren es extorsionarlo y están buscando cómo hacerlo. Es el cuento de todos los días para mucha gente, que no siempre tiene todo en perfecto orden. Pero queda claro que los corruptos son esos policías, no la gente sujeta a la extorsión.
Para mi gusto, lo mismo es lo que está pasando en el caso de Nexos, la revista a la que por una falla hace dos años en un procedimiento para obtener una publicidad, se le castiga con todo el peso de la ley. ¿El problema es Nexos? ¿O el problema es el funcionario público que, abusando de su posición, la usa para castigar a un adversario político? Desde mi punto de vista, el “servidor público” que está utilizando su puesto para amedrentar, chantajear, extorsionar, en este caso a Nexos, está actuando corruptamente; de la misma manera que lo hace el inspector con el restaurantero o el policía con el automovilista. Esos funcionarios públicos son los que deberían ser sancionados. Son una más de las formas de corrupción, en este caso, política.
Además, aquí queda claro que el objetivo del gobierno no es únicamente golpear con una multa de un millón de pesos a Nexos y dejarlo sin publicidad gubernamental, con la que en principio desde hace dos años ya no cuenta. Se trata de amedrentar a ésta y otras revistas, a éste y otros grupos de intelectuales, de escritores, de pensadores, pero sobre todo a éste y otros medios de comunicación.
Como el inspector de restaurantes, podrán ir y buscarles la paja en el ojo en lugar de ver la viga en el propio, pues aquí no se trata de hacer justicia, sino de que quede claro que la oposición a la cuarta transformación no se va ya a tolerar. Porque obviamente el mensaje para los otros medios es claro. No solo no les daremos publicidad, sino que los perseguiremos con todo el peso de la normativa. En cambio, al periodista servil, lo podemos premiar enviándolo a un consulado.
Estamos entrando entonces en una etapa muy peligrosa de nuestra vida pública. Aquella en la que el poder combate la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de disentir. Se dice fácil, pero es el principio del fin de nuestra democracia.
roberto.blancarte@milenio.com