Cuando acudimos a votar, confiamos en que nuestra decisión será respetada. No importa por quién votemos ni cuáles sean nuestras preferencias políticas. Todos necesitamos la certeza de que las elecciones se organizan con imparcialidad, las reglas se cumplen y los resultados reflejan la voluntad ciudadana.
Esa confianza es uno de los pilares de nuestra democracia. Y construirla ha tomado décadas de esfuerzo, participación ciudadana y fortalecimiento de las instituciones electorales.
Por eso, ante los desafíos que enfrenta actualmente el Instituto Nacional Electoral, es indispensable asegurar su autonomía, profesionalismo y credibilidad.
La discusión no debe centrarse solamente en quién encabeza el Instituto. Lo verdaderamente importante es asegurar que cuente con reglas, controles y contrapesos que le permitan cumplir su responsabilidad con independencia de cualquier interés político.
En días recientes, Coparmex nacional planteó una serie de propuestas para fortalecer al INE rumbo a las elecciones de 2027. Su mensaje central es relevante para toda la sociedad: la confianza ciudadana requiere instituciones sólidas, decisiones transparentes y autoridades sujetas a la rendición de cuentas.
Uno de los puntos fundamentales es recuperar el carácter colegiado de las decisiones del Instituto. Una autoridad electoral se fortalece cuando sus determinaciones relevantes se toman mediante procedimientos claros, con deliberación y contrapesos, y no dependen excesivamente de una sola persona.
También es necesario que cualquier señalamiento de irregularidades se investigue con oportunidad, independencia y apego a la ley. La transparencia no debilita a las instituciones; les permite corregir errores y recuperar credibilidad.
Otro desafío será la selección de quien encabece el INE. La Cámara de Diputados debe garantizar un proceso abierto, con criterios públicos que privilegien la experiencia electoral, la capacidad técnica, la integridad y la independencia de criterio.
Los ciudadanos merecemos conocer las razones por las que se elige a una persona para una responsabilidad tan importante.
Estas exigencias también tienen una dimensión local. En 2027, Nuevo León vivirá un proceso electoral que requerirá instituciones preparadas, recursos suficientes y una coordinación efectiva entre las autoridades electorales nacionales y estatales.
Garantizar su funcionamiento no es un gasto prescindible. Es una condición para que cada ciudadano pueda ejercer sus derechos con confianza.
Rumbo a 2027, el llamado es claro: que los legisladores fortalezcan los contrapesos, que las autoridades rindan cuentas y que la ciudadanía participe y vigile. Porque la democracia no se fortalece solamente cuando contamos los votos, sino cuando todos podemos confiar en que cada voto cuenta.