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Dos reglas, un solo tablero: lo que todo inversionista debe saber al apostar por la infraestructura en México

Ciudad de México /
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México está construyendo, casi al mismo tiempo, las dos mitades de un nuevo escenario para la infraestructura. Por un lado, el Gobierno abre una vía para movilizar capital privado hacia proyectos estratégicos, entre ellos los de energía. Por otro, la reforma a la Ley de Inversión Extranjera publicada el 19 de noviembre agrega una revisión de seguridad nacional para ciertas adquisiciones extranjeras. Quien quiera invertir en infraestructura tendrá que entender ambas piezas como un solo sistema.

La primera pieza son los Lineamientos en Materia de Proyectos de Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 6 de octubre de 2026. Su lógica es que el inversionista privado aporta los recursos para construir, operar o mantener infraestructura y recupera su inversión mediante pagos diferidos, condicionados a avances, estándares y niveles de servicio. Los contratos podrán extenderse hasta cuarenta años y apoyarse en fideicomisos y Vehículos de Propósito Específico (VPE).

Para los proyectos de energía, ese diseño es particularmente relevante. Se trata de activos intensivos en capital, con plazos largos de maduración y que requieren financiamiento estructurado. Las Constancias de Avance de Servicios de Inversión (CASI) y de Operación (CASO) generan derechos de cobro que pueden cederse, financiarse o titulizarse, lo que permitiría convertir avances certificados en liquidez antes del pago final del Estado, al estilo del project finance internacional.

En el frente energético, el movimiento ya es visible. En marzo de 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó su portafolio 2026-2027 para reforzar la transmisión eléctrica: 49 paquetes de concurso que agrupan 58 proyectos y 387 obras, entre ellas 138 líneas de transmisión y 249 subestaciones, dentro del Plan de Expansión 2025-2030. De esos proyectos, 44 (en 35 paquetes) se desarrollarán a través de CFE Fibra E y el resto bajo el modelo de Obra Pública Financiada. La Secretaría de Energía subrayó que el sector energético concentrará más del 50 por ciento del Plan de Inversiones de Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar.

La segunda pieza es la reforma a la Ley de Inversión Extranjera. Si un inversionista extranjero pretende adquirir, directa o indirectamente, más del 49 por ciento de una sociedad mexicana que supere el umbral de activos que fije la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y participe en un sector sensible, la operación puede quedar sujeta a autorización previa. La lista incluye energía, transporte, comunicaciones, minería, salud, almacenamiento y tratamiento de datos, además de tecnologías críticas como el almacenamiento de energía y la tecnología nuclear.

Aquí es donde ambos regímenes se cruzan. Un portafolio como el de la CFE, que busca una mayor participación del sector privado mediante vehículos como Fibra E y esquemas de obra financiada, podría atraer a bancos, fondos y contratistas extranjeros, y esos mismos participantes podrían entrar en el supuesto de la revisión de seguridad nacional si adquieren el control de la sociedad o del vehículo que opera el activo. El Estado, en suma, invita capital privado a infraestructura estratégica y, al mismo tiempo, se reserva la facultad de revisar quién la controla.

Esto tendrá consecuencias prácticas en la estructuración. La Comisión tendrá 45 días hábiles para resolver y, en estos asuntos, no opera la aprobación ficta. Podrá considerar viable la operación, condicionarla a medidas de mitigación o impedirla. En un proyecto con VPE, fideicomisos, garantías y financiamientos coordinados, una autorización pendiente o una condición inesperada puede afectar no sólo la compra de acciones, sino la bancabilidad de toda la estructura.

También habrá que cuidar la protección de los derechos de cobro. Los Lineamientos prevén que, ante una terminación anticipada o rescisión, determinadas CASI puedan convertirse en constancias de terminación y conservar derechos validados. Si una cesión, una titulización o un cambio de control a favor de un extranjero requiere autorización, los contratos deberán prever con claridad condiciones suspensivas, eventos de incumplimiento, fórmulas de terminación y prelación de acreedores.

Las sanciones elevan la importancia de esta coordinación: si una operación sujeta al nuevo régimen se cierra sin resolución favorable, la multa puede ir de 5 mil a 200 mil veces el valor diario de la UMA, y la Comisión podrá ordenar la desinversión de los activos adquiridos. Para un proyecto de largo plazo, una desinversión forzosa es un riesgo que financiadores y asegurados querrán ver reflejado desde la primera versión del contrato.

Existen además dos preguntas abiertas. La primera es el umbral de activos: la ley no lo establece y deberá fijarlo la Comisión mediante resolución general, por lo que de él dependerá si la revisión alcanzará sólo a grandes operaciones o a un universo mucho más amplio. La segunda es la contabilidad de los pagos diferidos: los Lineamientos sostienen que no constituyen automáticamente deuda pública, una interpretación que previsiblemente será muy analizada por el mercado, los órganos de control y los especialistas en finanzas públicas.

El nuevo escenario no debe leerse como un cierre a la inversión, sino como una apertura con condiciones. México ofrece una plataforma financiera más flexible y, a la vez, un control más visible sobre los activos estratégicos. El equilibrio dependerá de que los procesos sean previsibles, que las fuentes de pago sean transparentes y confiables, y que los requisitos de preparación, como estudios de viabilidad, matrices de riesgos, supervisión técnica independiente y mecanismos anticorrupción, se cumplan con rigor.

Para desarrolladores, bancos, fondos y asesores, la conclusión práctica es integrar desde el inicio la estructura financiera y el análisis de seguridad nacional. La prueba estará en los primeros proyectos y en la implementación de la Comisión. Quienes comprendan ambos regímenes y construyan alianzas técnicas y financieras con anticipación estarán mejor posicionados para participar en la nueva etapa de la infraestructura y la energía en México.

Fuente: Lineamientos en Materia de Proyectos de Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (SHCP, 6 de octubre de 2026) y Decreto de reforma a la Ley de Inversión Extranjera de 19 de noviembre de 2026. Boletín de la CFE: “CFE presenta portafolio 2026-2027 con 58 proyectos para reforzar la transmisión eléctrica en México” (22 de marzo de 2026), app.cfe.mx.


  • Roberto Hernández García
  • Roberto Hernández García, experto en arbitraje internacional, vicepresidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y socio director de COMAD
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