La publicación de los Lineamientos en Materia de Proyectos de Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 6 de octubre de 2026, abre una nueva etapa para el financiamiento de infraestructura en México. Su objetivo es movilizar capital privado hacia proyectos públicos estratégicos sin depender exclusivamente del presupuesto disponible ni de los esquemas tradicionales de deuda pública.
El modelo parte de una lógica empresarial sencilla: el inversionista privado aporta recursos para construir, operar o mantener infraestructura y recupera su inversión mediante pagos diferidos, condicionados al cumplimiento de avances, estándares y niveles de servicio. Para el Gobierno, representa la posibilidad de adelantar proyectos prioritarios; para desarrolladores, bancos e inversionistas, crea un mercado de largo plazo con nuevas oportunidades de estructuración y financiamiento.
La principal diferencia frente a la obra pública tradicional y las Asociaciones Público-Privadas es la flexibilidad financiera. Los proyectos podrán incorporar fideicomisos y Vehículos de Propósito Específico (VPE) para captar inversión, administrar recursos, refinanciar obligaciones, monetizar derechos de cobro y titulizar activos. Además, los contratos podrán extenderse hasta cuarenta años e incluir construcción, operación, mantenimiento y conservación.
La piedra angular del sistema es el tratamiento de los pagos diferidos. Los Lineamientos sostienen que el financiamiento inicial por un privado y el pago posterior por el Estado no constituyen automáticamente deuda pública. La premisa es que el Gobierno no recibe un préstamo, sino infraestructura o servicios que paga conforme se ejecutan, verifican y validan. Esta interpretación amplía el margen para estructurar proyectos plurianuales, aunque previsiblemente será uno de los aspectos más analizados por el mercado, los órganos de control y los especialistas en finanzas públicas.
Dos instrumentos serán determinantes para la bancabilidad de los proyectos: las Constancias de Avance de Servicios de Inversión (CASI) y las Constancias de Avance de Servicios de Operación (CASO). Las primeras reconocen avances de construcción e inversión; las segundas, servicios de operación, mantenimiento y disponibilidad. Ambas generan derechos de cobro futuros que pueden cederse, financiarse o titulizarse. En términos prácticos, un contratista podría convertir un avance certificado en liquidez antes de recibir el pago final del Estado, acercando el régimen mexicano a estructuras internacionales de project finance.
El modelo también busca proteger el valor de los derechos ya reconocidos. Ante una terminación anticipada o rescisión, determinadas CASI podrían convertirse en constancias de terminación y conservar derechos de cobro previamente validados. Esta protección puede mejorar la percepción de riesgo y facilitar el financiamiento, pero exigirá contratos claros sobre eventos de incumplimiento, fórmulas de terminación, garantías, mecanismos de pago y prelación de acreedores.
Para las empresas, la oportunidad no se limita a construir obras. El nuevo ecosistema puede abrir espacio para desarrolladores, operadores, fondos, bancos, aseguradoras, asesores técnicos, fiduciarios y especialistas en estructuración, cumplimiento y solución de controversias. Sin embargo, la entrada al mercado demandará capacidades más sofisticadas: evaluación integral de riesgos, disciplina financiera, experiencia contractual, gobierno corporativo y capacidad para sostener compromisos de desempeño durante plazos extensos.
Los Lineamientos elevan, además, los estándares de preparación y control. Los proyectos deberán apoyarse en estudios de viabilidad, matrices de riesgos, análisis de valor por dinero, supervisión técnica independiente, auditorías financieras y sistemas de integridad y anticorrupción. También se prevé el uso de mediación, arbitraje y comités de expertos. Estos requisitos no son accesorios: serán esenciales para generar confianza, reducir sobrecostos y evitar que la innovación financiera traslade al futuro riesgos mal asignados en el presente.
Desde una perspectiva de negocios, el éxito dependerá de cuatro factores. Primero, una cartera de proyectos técnicamente maduros y económicamente viables. Segundo, reglas contractuales previsibles y una distribución equilibrada de riesgos. Tercero, fuentes de pago transparentes y confiables durante toda la vida del contrato. Cuarto, procesos de selección competitivos que atraigan capital y operadores con experiencia. Sin estos elementos, la flexibilidad del modelo podría traducirse en mayores costos financieros o escaso interés del mercado.
México cuenta ahora con una plataforma potencialmente poderosa para acelerar infraestructura y ampliar la participación privada. La prueba decisiva estará en la ejecución de los primeros proyectos: su estructuración, transparencia, calidad contractual y capacidad de pago determinarán si los Lineamientos se convierten en una fuente sostenible de inversión o permanecen como una innovación normativa. Para las empresas preparadas, el momento es estratégico: comprender el régimen, identificar proyectos viables y construir alianzas financieras y técnicas será clave para competir en este nuevo mercado.