¿Dónde están los 43? Es la interrogante que no tiene respuesta desde la noche del 26 de septiembre de 2014, tras los ataques registrados en la ciudad de Iguala en contra de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Existen preguntas básicas para procesar la información que cualquier reportero debe cuidar al momento de presentar una información que pretenda ser creíble: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Todas tuvieron en su momento alguna respuesta que encuadro en la difusión de un caso que provocó la caída de un gobierno estatal, que casi lleva a la desaparición de los poderes locales, que sacudió al Gobierno de la República y generó un fuerte impacto en la conciencia internacional.
“En México se mata y desaparece estudiantes”, una sentencia que políticamente manchó todavía más la ya percudida imagen del entonces partido gobernante, el mismo que desató la masacre del 2 de octubre de 1968 y el “Halconazo” de 1971.
Electoralmente la noche de Iguala no fue más que la puntilla que cobró una derrota cantada en los comicios de 2018.
Pero no nos perdamos en la tentación de meternos a las implicaciones políticas de lo sucedido hace ya 12 años, porque en los social el golpe de conciencia debe ser mayor, particularmente por el reclamo de conocer la verdad sobre los hechos y sobre todo, que las familias agraviadas tenga la respuesta que demandan desde la primera noticia de los hechos ¿Dónde están los 43?
Interrogantes con respuesta parcial
En el ¿Qué? Sabemos que la noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos llegaron al crucero de Santa Teresa, en la entrada sur de Iguala para tratar de apoderarse de autobuses que serían utilizados para el traslado de contingentes a la ciudad de México el 2 de octubre, con la intención de conmemorar un aniversario más de la masacre registrada en la plaza de las Tres Culturas.
Los jóvenes llegaron ahí, a consecuencia de que un primer intento en las centrales de Chilpancingo fracasó, pues fueron repelidos por la policía antimotines y no tenían las unidades requeridas por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
Ellos fueron atacados, seis personas murieron y 43 se encuentran desaparecidos y ya cumplieron 12 años en esas circunstancias.
El ¿Quién? Tiene varias figuras como protagonistas: Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, los integrantes de Guerreros Unidos (GU) como perpetradores, en coalición con policías preventivos de Iguala, Huitzuco y Cocula.
Pero hay más actores, los jugadores del equipo de futbol “Avispones de Chilpancingo”, el entonces alcalde José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.
El ¿Cómo? Se responde con la embestida desatada inicialmente por sicarios del GU con y sin uniforme policial, que utilizaron armas de fuego en contra de los estudiantes que trataron de responder con piedras, con la esperanza de que una fuerza de seguridad institucional actuaría como mera contención, aunque rápidamente se percataron de que la consigna era matar.
En el ¿Por qué? Se consigna la toma de un autobús cargado de droga, que saldría de Iguala con la fachada de un viaje especial hacia la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos de Norteamérica para concretar una operación mensual del GU.
Hay otra motivación, el “odio” que en junio de ese mismo año, se había generado en el alcalde José Luis Abarca Velázquez, a consecuencia de los testimonios directos que lo señalaban de ser el autor material del asesinato cometido en contra de Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unión Popular (UP) y gestor permanente de los productores de maíz de la zona.
El 3 de junio, cuando el cortejo fúnebre se dirigía hacia el panteón municipal, un grupo de normalistas se desvió hacia las instalaciones del Ayuntamiento para vandalizarlo, la acometida dejó un palacio municipal con ventanas humeantes, oficinas destrozadas y paredes pintadas con una leyenda muy clara: “Abarca asesino”.
Y todavía existe otro ¿Por qué? Ese 26 de septiembre de 2014, en la plaza de las tres garantías se desarrollaba un baile como cierre espectacular del informe presentado por la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, festejo que se interpretaba como un destape, pues ella buscaría la candidatura para suceder en el cargo a su esposo.
Una o quizá todas esas motivaciones desataron la embestida contra los normalistas rurales, muchos de ellos cursaban apenas el primer grado en la Licenciatura en Educación.
¿Dónde? Tiene una respuesta inicial que es Iguala, ciudad que desde hacía varios años estaba controlada por una organización criminal operada desde el ayuntamiento.
Pero tras los hechos, hecho el recuento de los jóvenes no localizados la otra pregunta básica resurge y desde hace 12 años no tiene respuesta: ¿Dónde están los 43?
Los paliativos
A 12 años, terminó la administración federal priista de Enrique Peña Nieto y la del fundador de Morena Andrés Manuel López Obrador, a quien se identifica en la historia como el primer presidente de la República con un perfil ideológico de izquierda.
Además, llevamos dos años de la segunda gestión correspondiente a la Cuarta Transformación encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer en encabezar al Poder Ejecutivo.
La estructura criminal de Guerreros Unidos (GU) fue desmantelada, luego de que sus principales líderes cayeran en prisión o huyeran del país, algunos de ellos pactaron con el gobierno para fungir como testigos protegidos, pero no han ayudado a determinar el destino final de los estudiantes.
Los territorios del GU, incluida la ciudad de Iguala fueron ocupados mayoritariamente por otra organización criminal; Los Tlacos o la Federación, aunque también surgió “La Bandera”, una escisión del GU asegura no haber actuado contra los normalistas ese 26 de septiembre.
Permanecen en prisión el alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda.
Ex presidente municipal también está preso por la autoría intelectual en el asesinato de Justino Carbajal Salgado, quien fuera síndico en el mismo cabildo.
El ex procurador Jesús Murillo Karam está preso, en tanto que el artífice de la “Verdad Histórica”, Tomás Zerón de Lucio permanece refugiado en Israel, país que no tiene tratado de extradición con México ni está interesado en deportarlo.
Está vinculado al proceso el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, acusado de ordenar la destrucción de material de video captado la noche de los ataques en las inmediaciones del Palacio de Justicia de la ciudad tamarindera.
Por la misma razón está en prisión domiciliaria Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Por lo menos 8 militares que estuvieron esa noche en Iguala también están sujetos a proceso.
La Defensa Nacional tiene 800 folios que los padres agraviados demandan que entreguen a la unidad encargada de la fiscalización, porque consideran que serían determinantes para llegar a la verdad.
La institución castrense no accede.
Se creó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuyo regreso los padres reclaman, pero que la administración federal del país no convoca.
Hubo una Comisión para la Verdad y la Justicia (Covaj) que no llegó a la conclusión del caso.
Existe la Unidad Especializada para la Litigación del Caso Ayotzinapa (UELCA).
Muchos de los sobrevivientes y egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa están divididos y en algunos casos públicamente enfrentados, hay acusaciones de traición y de lucrar con el movimiento que se generó a partir del reclamo de justicia.
Uno de los líderes estudantiles, Manuel Vázquez Arellano ha sido diputado federal en dos ocasiones, la Normal de Ayotzinapa cuestiona su condición de sobreviviente y aclara que nunca egresó de la Licenciatura en Educación.
El colectivo “Nos Faltan 43” también está dividido, a partir de la intervención “de buena fe” de un empresario cercano a José Luis Abarca.
Quien fuera su abogado, Vidulfo Rosales Sierra actualmente es funcionario en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Han muerto por lo menos ocho madres y padres de los estudiantes por diferentes complicaciones de salud, se sabe que los padecimientos se agravaron por la incertidumbre de no conocer el paradero de sus hijos.
¿Dónde están?
Es la pregunta sin respuesta, la interrogante que no se despeja al paso de 12 años, cuatro gobiernos estatales y tres presidencias de la República.
Todo reportero quiere cerrar una información y responder las preguntas básicas.
El Caso Ayotzinapa, para quienes estuvimos ese 26 y recibimos el 27 de septiembre en Iguala, es nuestro gran pendiente, el tema inconcluso, la historia que se mantiene en puntos suspensivos.