Cuando en una sociedad prevalece una economía de mercado –eufemismo elegante de la sociedad capitalista–, todo gira alrededor del poder del dinero. Entonces, hacemos la pregunta: ¿Cuánto vale el voto ciudadano? En México puede cotizarse en 500 pesos – los vales o tarjetas de despensa se otorgan generalmente con un saldo de entre 500 y 600 pesos, si nos atenemos a la compra de votos que hizo el PRI cuando resultó "electo" Enrique Peña Nieto; dejemos de lado la cantidad de dinero en especie dentro del mercado de votos si hablamos del clientelismo electoral, algo muy usual, lamentablemente, en nuestro país. Sin duda, de que la democracia burguesa tiene un costo económico, lo tiene. Pero, no quiero encauzar esta reflexión por este camino, que ya lo veremos en el 2018. Quiero referirme a lo siguiente: si un presidente municipal afirmara, sin rubor alguno, que después de ser electo democráticamente por el voto ciudadano puede hacer lo que le pegue en gana, significa únicamente que para él el voto solamente sirve para conferirle un cargo gubernamental e inmediatamente hacerlo desaparecer en cuanto su condición de ciudadano mismo. En tal sentido, el ciudadano tiene un valor determinado antes y después del sufragio: sirve solamente para poner a un candidato en un cargo de responsabilidad política pero inmediatamente después se convierte un cero a la izquierda.
Esta es la lógica política, por ejemplo, del presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, quien afirmó cínicamente: "Yo tengo mi responsabilidad porque la mayoría de los tapatíos me pusieron aquí y estoy para tomar las decisiones, por eso soy presidente municipal. Siempre el gobierno municipal va a tomar en cuenta la opinión de la gente, pero de ahí a que alguien esté pensando que cada decisión que yo tome se someta a votación, eso no funciona en ninguna parte del mundo". Alfaro Ramírez declaró lo anterior respecto a la inconformidad y rechazo de los locatarios y vecinos del barrio de Mexicaltzingo al proyecto de construcción de un estacionamiento subterráneo de la plaza frente al templo. Nunca hubo ninguna socialización del proyecto. Desde luego, es obvio, todo depende de qué decisión se trate, porque si se trata de una decisión que afecta o podría afectar directamente a un sector de la ciudadanía tapatía entonces si conviene o es importante tomarla en cuenta. Este político formado en las filas priistas, después perredistas, hoy anaranjadas, mañana sabrá Dios, considera entonces que la opinión del ciudadano vale un bledo. Me pusieron aquí y ahora se joden, decido lo que me da en gana, podría decir, el alcalde con aspiraciones a ser Il Duce tapatío. Con base a esa lógica, resulta entonces que hay ciudadanos de primera, de segunda y hasta de quinta categoría y más allá. Los ciudadanos de primera, serían, por ejemplo, aquellos integrantes del grupo de poder caciquil de la Universidad de Guadalajara. Ellos si fueron tomados en cuenta por el alcalde tapatío. Ciudadanos de primera categoría porque sus deseos fueron concedidos ipso facto, inexplicablemente, al donarles el cabildo de esta ciudad el subsuelo de esta plaza arbolada de Mexicaltzingo para el estacionamiento de marras. Ciudadanos de quinta categoría o peor, son los vecinos y locatarios del barrio. El malestar ciudadano no lo tiene solamente este barrio tradicional, también diversos colectivos ciudadanos despliegan una ofensiva legal contra el alcalde tapatío. "El presidente Enrique Alfaro tiene procesos judiciales por el proyecto Iconia en Huentitán y por «edificio de la corrupción» en la colonia Americana. El primer frente legal tiene que ver con el polémico desarrollo de Iconia. Enrique Alfaro Ramírez no ha podido resolver su mala relación con los vecinos más contestatarios de la ciudad, los cuales han denunciado por más de una década el secuestro del desarrollo urbano a favor de altos intereses inmobiliarios y en perjuicio de su calidad de vida, sean gobiernos panistas, priistas o emecistas" [Agustín del Castillo. MILENIO JALISCO, 07/02/2017]. Pero a los vecinos de Huentitán se suman ahora los del Parque San Rafael, los del Dean, quienes se oponen a las acciones unilaterales y autoritarias del presidente municipal, quien no ha tenido la sensibilidad mínima para socializar sus políticas urbanas ¿Cuál es la diferencia del alcalde actual con los anteriores? Alfaro parece un verdadero promotor inmobiliario –sometido a los intereses empresariales y a los del cacique universitario– sin importarle los derechos a la ciudad de la población tapatía. Su desempeño político ha sido un fiasco. Y a todo esto, ¿Cuál la posición del Procurador de Desarrollo Urbano, Trinidad Padilla López?