Esta Universidad –especialmente desde la rectoría de Raúl Padilla López– es la Universidad de los escándalos. Escándalos a diestra y siniestra, la mayoría derivados por los desatinos, corruptelas e impunidad de las propias autoridades. Casi todos tienen como origen el cacicazgo imperante y la ausencia de prioridades académicas como fundamento de las actividades sustantivas universitarias: docencia, investigación y difusión cultural. Dejemos al margen el reciente escándalo en torno al proyecto de construcción de un estacionamiento debajo de la plaza del barrio de Mexicaltzingo; también hagamos al lado los show business de la alfombra roja farandulesca; el escándalo suscitado por el lenguaje utilizado en una “clase” por un maestro de la Prepa 10; de plagios literarios recibiendo premios monetarios; la vida de lujo familiar en el Jet set del exrector–cacique; etcétera. Más allá de todo esto, hay problemas muy graves como la vulnerabilidad y el hostigamiento sexual y laboral a estudiantes, maestras y administrativas dentro de esta universidad. La UdeG tiene un Centro de Estudios de Género, y sería interesante conocer los resultados de sus profundas investigaciones al respecto.
Supuestamente la UdeG trabaja en “el diseño de la figura de defensoría de los derechos universitarios; un código de ética; un protocolo que vigile, prevenga y sancione la misoginia y el acoso físico y verbal, así como programas para la sensibilización a la comunidad universitaria, incluyendo la reinvención de la masculinidad y el uso del lenguaje”. Mientras tanto, el Colectivo de Reflexión Universitario [CRU] hizo un pronunciamiento el 8 de marzo: “Las autoridades universitarias tienen una gran deuda con las mujeres de nuestra comunidad, quienes hoy representan más del 52 por ciento de la matrícula, pues a pesar que desde su toma de posición el Rector general manifestó explícitamente que se debía revisar la política de género en la Universidad, la violencia contra las mujeres, en sus diferentes modalidades, no deja de estar presente en todos los centros de estudio de nuestra institución; siendo, así, un lamentable reflejo de nuestra sociedad patriarcal. Tanto en lo formal como en la vida cotidiana; cuestión que se puede observar, rápidamente, en el último informe del rector general, en el que ninguna mujer ocupó un espacio en el presídium y sí lo hicieron como edecanes. En la administración actual, el 70 por ciento de las rectorías son ocupadas por hombres. En el año de 2015, en el Consejo General Universitario, instancia que representa nuestra máxima autoridad, sólo existía una representación proporcional del 28 por ciento de mujeres; esto mientras en el cargo de directoras de preparatorias alcanzaba el 30 por ciento. Estamos seguros que esta desigualdad persiste hasta la fecha.
“La violencia contra las trabajadoras universitarias fue documentada, en 2016, por la encuesta «Rompamos el Silencio» que realizó el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG); dicha encuesta arrojó que entre el 50 y 60 por ciento de las entrevistadas reportaron acoso y hostigamiento laboral en sus centros de trabajo; y al 46 por ciento se les negó información, acceso a herramientas o exclusión explícita de las reuniones laborales; el trato con palabras ofensivas alcanzó el 40 por ciento. Y el indicador de una distribución de carga laboral injusta llegó al 55.7 por ciento; además de otros datos. El acoso a las estudiantes es mayúsculo, no obstante ello, ni las mismas autoridades lo tienen registrado y, lo peor de todo, es que es solapado por los funcionarios de nuestra Universidad. Todo esto a pesar de que la que la institución signó la campaña HeForShe, de las Naciones Unidas [ONU]–Mujeres y de que se comprometió a realizar acciones concretas en beneficio de la equidad y el empoderamiento de las mujeres en nuestra institución: ¿Cuáles son las acciones que se han realizado? Además, a un año de haber propuesto la formación del Comité Técnico Institucional de Género para coadyuvar en las acciones en torno a la Alerta de Violencia contra las Mujeres, no se ha avanzado nada al respecto. Es por ello que el CRU exige a las autoridades universitarios, medidas afirmativas y permanentes en nuestra alma mater para erradicar este flagelo que atenta contra la dignidad y los derechos humanos de las mujeres.
“Se debe, por tanto, crear ya el Ombudsman Universitario, cuya designación sea independiente de las autoridades; proponemos que se generen los protocolos de acción concreta en caso de hostigamiento, de cualquier tipo, a las mujeres. Pensamos que erradicar este flagelo es trabajo de todas y todos y que, cada quien, en su espacio de trabajo, debe promover una vida sin violencia contra las mujeres. El CRU hará lo que corresponde y convocamos a nuestras y nuestros compañeros académicos a sumarse a nuestras acciones”.