La labor de los defensores de derechos humanos es cuestionada en todo momento, ya sea por su ligereza ante casos graves del pasado o del presente, o quizá por su postura de señalamientos que incomodan a la autoridad. Lo cierto es que, pese a toda la polémica, en ambos casos, el ciudadano pierde si desaparece dicha institución.
Recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue creada un 6 junio de 1990, en el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Nació para defender a los ciudadanos frente a las instituciones gubernamentales, pues en aquella época se denunciaron casos de abuso de poder de la policía judicial, e incluso la activista Norma Corona, quien los evidenció, fue asesinada.
Hoy tras décadas de historia podemos preguntarnos, ¿cuán importante es que exista alguien que defienda? La respuesta es: de vital importancia. Porque defender también es un derecho, sobre todo para aquellos que han sido amenazados, vulnerados y violentados.
En Puebla, la Comisión de Derechos Humanos del Estado tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, por ello es autónoma y puede hacer señalamientos sobre las distintas violaciones a los derechos humanos de cualquier ciudadano que lo demande. Tan solo al cierre de 2021, la comisión recibió quejas referentes al servició público. Las principales se relacionan a la omisión de medicamentos en plena pandemia y a la transgresión de derechos de personas privadas de su libertad.
Entre las instituciones más señaladas al cierre de 2021 aparecen: la Fiscalía General del Estado con 855 quejas, los Centros de Reinserción Social con 324, la Secretaría de Seguridad Pública con 240 quejas y la Secretaría de Salud con 153 quejas.
Hay gobiernos municipales que a veces ignoran los señalamientos, aún así estos se registran y deben ser atendidos. Por ejemplo, Tehuacán, tan solo en 2021 acumuló mil 100 quejas. Así de graves están los abusos.
A veces se desacredita a la Comisión de Derechos Humanos o a similares como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pero no se trata de que una comisión sea o no a fin al gobierno, o de desaparecer instituciones, sino de luchar por el derecho a defender, y tanto el estado, la comisión y el pueblo tenemos la obligación de respetar los derechos humanos y pedir que se sancionen sus violaciones.