El pasado miércoles 15 de julio, el Congreso del Estado, por fin, aprobó la que ahora se llama Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información de Jalisco, así como una nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Seis meses posteriores fuera de disposición constitucional a la fecha que se establecieron con la reforma de adecuación local las disposiciones de la Constitución federal que estableció un nuevo modelo para garantizar derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales.
De manera simultánea, para que procediera lo anterior, el Congreso del Estado hizo la declaratoria sobre la reforma constitucional que “remendó” la inicial de octubre de 2025 con el voto de 68 (54.4 por ciento) Ayuntamientos de 125, con lo que la Agencia de Transparencia (para el Ejecutivo y Ayuntamientos) será colegiada (con tres integrantes), los partidos y sindicatos tendrán como autoridad garante instancias nacionales, y las instituciones de educación superior públicas con autonomía son autoridades garantes de sí mismas.
Las nuevas leyes, para que entren en vigor, esperan ser publicadas por el Ejecutivo en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. De suceder esto el martes, día ordinario de publicaciones, comenzarán a correr los plazos para hacer operativas las disposiciones establecidas en los transitorios de los decretos legales. ¿Qué deberá suceder si las leyes entran en vigor el próximo 22 de julio?
Los sujetos obligados, poco más de 400, en los próximos 60 días, deberán realizar adecuaciones reglamentarias y administrativas para la entrega-recepción, atención, seguimiento y resoluciones de recursos que dejó el ITEI en noviembre de 2025 y los acumulados a la fecha.
El Comité del Subsistema Estatal de Transparencia, deberá instalarse a más tardar el 21 de agosto próximo y emitir una convocatoria para allegarse de propuestas de personas que integren el Consejo Consultivo Ciudadano, los cuales se conocerán a más tardar el 11 de septiembre, y cinco días posteriores deberá instalarse.
Lo anterior, reitero, suponiendo que las nuevas leyes se publiquen el próximo martes y entren en vigor al día siguiente.
Lo que no identifico en los decretos aprobados es el proceso para integrar la Agencia de Transparencia con tres miembros. Es factible que esto dependa de la normatividad del Ejecutivo y que deberá adecuar, pues esa agencia es un órgano desconcentrado y sus integrantes deberán ser ratificados por disposición constitucional por el Legislativo.
Mucha observación y propuestas ciudadanas se requerirán en este tramo de andamiaje normativo e institucional. La fortaleza, a construir, del nuevo modelo de transparencia para que rompa su naturaleza endogámica tiene que ser ciudadana.