A Jorge Alberto Alatorres Flores. Tomamos tu estafeta.
El Congreso del Estado de Jalisco tiene secuestrado el derecho a saber, con el que se posibilita la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. No es asunto menor. Estamos ante la exclusión de dos derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales.
El pasado 15 de enero venció el plazo para que el Congreso de Jalisco aprobara las leyes secundarias, es decir, las normas que instrumentalizan el ejercicio de derechos fundamentales con base en la reforma constitucional publicada el 16 de octubre de 2025.
Frente a la omisión legislativa, el colectivo “Compromiso Jalisco. Por el derecho de acceso a la información” interpuso el pasado 25 de marzo un amparo ante Poder Judicial de la Federación (419/2026).
La autoridad responsable, el Congreso del Estado, rindió su informe justificado al Poder Judicial: “Se informa que no son ciertos los actos reclamados referentes a la supuesta omisión legislativa de este Poder Público ya que este Poder Legislativo aprobó el Decreto 29842/LCIV/25, el 10 de junio de 2025 mediante el cual reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de transparencia”.
Detalles sobre el informe. El decreto de reforma al que hace referencia se aprobó en junio de 2025, y se publicó en octubre siguiente. La omisión legislativa no versa sobre dicho decreto que armonizó la Constitución local con la federal, sino en el artículo Tercero Transitorio con el que el Congreso se autoimpuso crear una nueva Ley de Transparencia y armonizar la respectiva sobre protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. En otras palabras, el Congreso miró para otro lado.
¿Qué efectos tiene no contar con una ley de transparencia? Un vacío legislativo para que las autoridades garantes ejerzan facultades y, un limbo jurídico en detrimento de los sujetos del derecho. Jalisco y las nuevas autoridades garantes, a la fecha, disponen normas de transparencia y protección de datos personales vigentes que no corresponden a los principios constitucionales federales y locales.
¿Por qué secuestran la transparencia en el Congreso? Es algo simple, pero de hondo calado: controlar (¿someter?) mediante la designación de los puestos del área de la Autoridad Garantes del Estado que garantizará los derechos fundamentales. En otras palabras: quieren las plazas, los puestos, y con ello, subordinar en la práctica el derecho a saber y protección de datos personales.
¿Qué quieren a cambio los “secuestradores”? Si realizan un ejercicio de transparencia y honestidad, de ética pública, dignificarían su encargo mandatado. Sería de gran valía.
No resulte que luego encontremos a la transparencia descuartizada en una bolsa, desperdigada en lotes baldíos, en un abandonado camión refrigerado o, de plano, en el Servicio Médico Forense.