Morena terminó de repartir sus cartas para las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027. Los últimos siete coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía son Elí César Cervantes, en San Luis Potosí; Ana Lilia Rivera, en Tlaxcala; Clara Luz Flores, en Nuevo León; Jasmín Bugarín, en Nayarit; Lorenia Valles, en Sonora; Manuel Cota, en Baja California Sur, y Cruz Pérez Cuéllar, en Chihuahua. En el papel, el partido cerró una etapa. En la realidad, dejó abiertas varias heridas entre quienes aspiraban a ser los elegidos.
Y es que detrás de cada nombre hay otros que quedaron fuera y que ahora tendrán que decidir si se disciplinan, si se mantienen dentro del movimiento o si comienzan a buscar otra ruta política. El caso de Chihuahua es quizá uno de los más visibles: Cruz Pérez Cuéllar se impuso sobre la senadora Andrea Chávez, una figura que durante meses había construido una campaña interna de gran intensidad. En Tlaxcala, Alfonso Sánchez García ni siquiera acudió al acto donde fue presentada Ana Lilia Rivera. En Baja California Sur, Milena Quiroga quedó desplazada por Manuel Cota, perfil del Partido Verde. Son señales que no necesariamente significan una ruptura, pero sí muestran que la unidad morenista tendrá que construirse después de una competencia interna particularmente intensa.
Nayarit dejó otro episodio que explica perfectamente la complejidad del proceso. Héctor Santana obtuvo el primer lugar en la encuesta, pero la coordinación terminó en manos de Jasmín Bugarín por el criterio de paridad de género. Santana decidió respaldar públicamente la decisión y llamó a fortalecer el movimiento. Es una salida ordenada, pero también demuestra que ganar una encuesta no necesariamente significa quedarse con la candidatura. Morena tendrá que explicar cada vez con mayor claridad qué peso tienen las mediciones, qué peso tienen los acuerdos y cómo se aplican los criterios de género cuando los resultados de una encuesta y la decisión final no coinciden.
Ahí está precisamente uno de los principales problemas que arrastra Morena. El partido prometió hacer públicas las encuestas para despejar dudas, después de que las primeras designaciones provocaran inconformidad en Guerrero, Zacatecas, Baja California y Quintana Roo. Incluso la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, anunció que los resultados serían transparentados. Mientras eso ocurre, los aspirantes que quedaron fuera tienen derecho a preguntar por qué ellos no fueron elegidos y con qué números se tomó la decisión. La transparencia, en este caso, no debería ser un discurso de unidad, sino información verificable para todos.
El problema tampoco termina en los aspirantes. El Partido del Trabajo llegó a amenazar con apartarse del proceso y cuestionó la metodología utilizada por Morena, mientras que el Partido Verde consiguió espacios importantes, como Baja California Sur y Nayarit. Alberto Anaya reclamó que no se respetaron acuerdos sobre las encuestas y pidió mecanismos adicionales para cotejar los resultados. Incluso Ricardo Monreal reconoció que una eventual ruptura con el PT tendría consecuencias políticas y pidió transparentar las casas encuestadoras y la metodología utilizada. La alianza que parecía una maquinaria electoral perfectamente aceitada ahora necesita negociación para no convertirse en una disputa entre sus propios integrantes.
Y mientras Morena intenta acomodar las piezas, aparece otro asunto que puede pesar en 2027: el desgaste de algunos gobiernos. Un análisis de El País identificó como focos rojos para Morena a Zacatecas, Colima, Sonora, Campeche, Michoacán y Sinaloa, relacionados con problemas de seguridad, controversias políticas y evaluación de las administraciones. Eso no significa que el partido vaya a perder esos estados, pero sí muestra que la marca Morena no está aislada de lo que ocurre en los gobiernos que encabeza. Incluso el propio Monreal reconoció recientemente que existe un “desgaste real” de la marca y que las fracturas internas tendrán un costo político.
Por eso resulta prematuro hablar de una derrota estrepitosa de Morena en 2027, pero tampoco sería prudente ignorar las señales de alerta. En junio, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que una oposición unida podría arrebatarle 10 de las 17 gubernaturas al oficialismo; esa es una valoración política de un dirigente opositor, no un pronóstico independiente. En contraste, Monreal calculó que Morena podría ganar entre 14 y 15 gubernaturas, aunque reconoció dificultades importantes en entidades como Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Chihuahua, Campeche y Michoacán. Entre ambos extremos existe un escenario todavía abierto y condicionado por lo que suceda durante los próximos meses.
Lo que sí parece evidente es que la verdadera prueba para Morena comienza después de las designaciones. Ganar una encuesta interna no garantiza ganar una elección, y perderla tampoco obliga necesariamente a abandonar un proyecto político. La pregunta será qué harán quienes quedaron fuera y qué hará la dirigencia para evitar que las heridas se conviertan en desbandada. Los 17 coordinadores ya tienen nombre, pero todavía necesitan convencer a quienes no fueron favorecidos de caminar detrás de ellos. En 2027 no solamente estará en juego el mapa de las gubernaturas; también estará a prueba la capacidad de Morena para mantenerse unido cuando ya no exista una sola candidatura presidencial que funcione como elemento aglutinador.