La política energética de la llamada Cuarta Transformación suele presentarse bajo dos conceptos que suenan contundentes: soberanía y autosuficiencia. Desde Palacio Nacional, el mensaje ha sido reiterado: México avanza hacia un sistema energético fortalecido, con mayor capacidad propia y menos dependencia del exterior. Claudia Sheinbaum ha hecho de esa narrativa uno de los pilares de su administración. El problema es que, a veces, la realidad tiene la mala costumbre de aparecer justo cuando menos conviene.
A unas horas de que la presidenta rinda su informe, tres estados gobernados por Morena —Yucatán, Quintana Roo y Chiapas— enfrentaron apagones que afectaron parcialmente el suministro eléctrico. No se trata solamente de una falla técnica más en un país donde estos incidentes pueden ocurrir. El episodio adquiere una dimensión política porque sucede precisamente cuando el discurso oficial busca colocar la autosuficiencia energética como uno de los grandes logros de la administración.
La propia Comisión Federal de Electricidad reconoció que dos líneas de transmisión se desconectaron y que esta situación provocó afectaciones en el suministro eléctrico de las tres entidades. Hasta el momento, sin embargo, la empresa estatal no ha precisado cuál fue la causa de la desconexión ni ha establecido con claridad cuántos usuarios resultaron afectados. Y ahí aparece una pregunta inevitable: ¿cómo puede hablarse de un sistema energético soberano y fortalecido cuando ni siquiera existe, de entrada, una explicación completa sobre una interrupción que deja a miles de personas sin luz?
Porque la autosuficiencia energética no debería medirse únicamente por los discursos, las inversiones anunciadas o los proyectos inaugurados. También se mide cuando se enciende el interruptor y la electricidad está ahí. Se mide en la capacidad de transmisión, en la estabilidad de la red, en el mantenimiento de la infraestructura y, sobre todo, en la capacidad del Estado para responder con rapidez y explicar con transparencia qué ocurrió cuando algo falla.
El asunto tampoco es menor para Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Son entidades con realidades económicas y sociales muy distintas, pero con algo en común: millones de personas dependen diariamente de un suministro eléctrico confiable. Hoteles, comercios, hospitales, pequeñas empresas, hogares y servicios públicos no funcionan con discursos. Necesitan energía. Y cuando ésta falla, la afectación deja de ser una estadística y se convierte en un problema concreto para ciudadanos y sectores productivos.
Por supuesto, ninguna red eléctrica está exenta de sufrir interrupciones. Sería absurdo pretender lo contrario. El punto es otro: cuando un gobierno convierte la soberanía energética en bandera política, también debe aceptar que sus resultados serán evaluados precisamente en los momentos en que la infraestructura es puesta a prueba. Una falla puede ser técnica; la manera de explicarla, atenderla y prevenirla es una responsabilidad política y administrativa.
Mañana seguramente escucharemos que “vamos muy bien”. Y probablemente habrá cifras, anuncios, proyectos y argumentos para respaldar esa afirmación. Pero el contraste resulta inevitable: mientras el discurso oficial presume autosuficiencia y soberanía energética, tres estados amanecen o pasan parte de su jornada enfrentando interrupciones en el suministro. La paradoja es demasiado evidente como para ignorarla.
La Cuarta Transformación podrá presumir soberanía energética tantas veces como quiera, pero la verdadera prueba no está en el micrófono ni en el informe: está en la red eléctrica. Porque la autosuficiencia que importa al ciudadano es mucho más sencilla de entender: que haya luz cuando se necesita, que la infraestructura responda y que, cuando ocurra una falla, el gobierno tenga respuestas. Esta vez, al menos por unas horas, la presumida autosuficiencia energética de la 4T quedó literalmente a oscuras.