Puerto Vallarta tiene uno de los atardeceres más reconocidos de México. El problema es que ahora, además de disfrutarlo, parece que habrá que esquivar la publicidad. La polémica por la colocación de un anuncio flotante frente a las costas vallartenses encendió las críticas y abrió una pregunta que resulta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar la explotación comercial de un paisaje que, por definición, pertenece y disfruta la sociedad?
El asunto no es solamente la estructura que apareció en el mar. Lo verdaderamente delicado es la sensación de que nadie quiere asumir la responsabilidad. Entre autoridades municipales, federales y las instancias encargadas de vigilar el litoral, la discusión parece convertirse en el clásico juego de “pásale la bolita”. Mientras unos señalan competencias ajenas, el anuncio sigue ahí y el ciudadano termina preguntándose quién autorizó, quién supervisó y bajo qué reglas se permitió.
Y aquí aparece el gobierno municipal de Luis Ernesto Munguía, emanado del Partido Verde Ecologista de México. Porque cuando una ciudad turística convierte sus playas y sus paisajes naturales en parte fundamental de su identidad, la autoridad municipal no puede permanecer ajena al debate público. Aunque las competencias sobre la zona federal marítimo-terrestre correspondan también a autoridades federales, el Ayuntamiento tiene una responsabilidad política evidente: explicar qué sabe, qué ha solicitado y qué acciones ha emprendido.
La pregunta tampoco es menor para el Gobierno Federal. Si se trata de una estructura instalada en zona federal marítima, entonces corresponde conocer qué dependencia autorizó su colocación, bajo qué permisos y con qué condiciones. Porque una cosa es aprovechar legalmente un espacio para actividades comerciales y otra muy distinta es que los ciudadanos tengan la impresión de que, poco a poco, hasta el horizonte puede convertirse en escaparate publicitario.
Y vaya que el tema da para el sarcasmo. En Puerto Vallarta quizá pronto habrá que preguntarle al mesero si el atardecer viene incluido en la cuenta o si habrá que pagar un paquete premium para verlo sin publicidad. Porque si la tendencia continúa, cualquier día de estos veremos al sol poniente acompañado de un espectacular, un código QR y una promoción de temporada.
También circula el señalamiento de que detrás de esta publicidad estaría la empresa Oceanic Marketing y que, eventualmente, este tipo de espacios podrían resultar atractivos para partidos políticos en tiempos electorales. Esa versión tendría que comprobarse con contratos, permisos y documentos oficiales antes de asumirla como un hecho. Pero justamente ahí está la importancia de transparentar el asunto: cuando hay dinero, publicidad y espacios públicos de por medio, las explicaciones no deberían ser ambiguas.
Puerto Vallarta vive del turismo, y su paisaje forma parte de aquello que vende al mundo. Por eso el debate va mucho más allá de un anuncio flotante. Se trata de establecer qué límites debe tener la publicidad comercial frente a un patrimonio paisajístico que no pertenece a una empresa, a un partido político ni a una administración en turno. El mar no debería convertirse en una extensión del espectacular urbano simplemente porque existe una oportunidad de negocio.
Al final, quizá la pregunta más sencilla sea la más incómoda: ¿quién autorizó el anuncio y quién va a responder por él? Porque mientras las autoridades se pasan la responsabilidad de una oficina a otra, el espectacular permanece flotando frente a Puerto Vallarta. Y si nadie pone orden, habrá que aceptar que en este puerto hasta el atardecer encontró competencia: ahora también tiene patrocinador.