Las presiones internas y externas a favor de mayor seguridad, gestionadas con habilidad, son una enorme ventana de oportunidad.
Solamente la torpeza provocadora de los organismos delincuenciales de alta peligrosidad o la incapacidad de liderazgo y supervisión diaria de gobernadoras y gobernadores inhibiría el aprovechamiento de una situación en la cual interesa a toda la comunidad nacional, estadunidense e inclusive a los cárteles, disminuir la violencia.
Los resultados presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum, fundamentalmente la disminución del homicidio doloso en 40 por ciento —aún cuando ciertamente dejan en el aire la proporción de desapariciones representativas de personas fallecidas en situaciones de violencia y aún no están contabilizadas— es un logro merecedor de reconocimiento y es asociable al profundo viraje de la política pública de seguridad encargada al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Un giro indudablemente integrador del componente de la presión estadunidense.
A los cárteles mexicanos, la animadversión respecto de China del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no debería parecerles sino una buena noticia si se asume la premisa según la cual en una decisión no publicable a favor de unos u otros, entre chinos, rusos, colombianos y mexicanos, no es sino pérdida de sentido estratégico. Siempre mejor los nacionales ante la indispensable provisión de trayectos e insumos para una quinta parte de la población estadunidense, habitualmente consumidora de drogas.
La defensa de la soberanía nacional está conectada con una combinación ideal de gestiones: ante los cárteles, respecto de los exabruptos estadunidenses, de la recuperación económica del país y de las habilidades de cada mandatario ante las crisis regionales de seguridad donde la inoperancia de algunos debería ser intolerada.
En el camino del fortalecimiento de la estrategia de seguridad encabezada por Sheinbaum hay avances en el instrumental de securitización. El Sistema de Conectividad y Videoseguridad del Arco Norte, presentado ayer por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, despliega una frontera móvil que acompaña el tránsito de miles de vehículos a lo largo de 223 kilómetros que conectan Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.
La delincuencia opera en movimiento interestatal e internacional. Enfrentarla desde una sola entidad es insuficiente. Esa noción mueve a la Jefa de Gobierno de CdMx, Clara Brugada, a plantear la generación de inteligencia regional capaz de interrumpir las rutas de escape con autos robados, por ejemplo.
Brugada tiene, adicionalmente, una mirada profundamente sensible: “ganar a los jóvenes”, convertidos ahora en objeto del deseo criminal ante la inimputabilidad de los mismos, a quienes se les ofrece identidad, dinero, poder y diversión al ser integrados a los organismos delictivos. No pasarán.