Sí se puede denunciar el abuso sexual y romper el silencio que se impone a las víctimas de violencia sexual. Esto se ha comprobado con las recientes acusaciones póstumas que han surgido contra César Chávez (1927-1993), el líder por la lucha campesina más reconocido en Estados Unidos.
En recientes días se publicaron investigaciones periodísticas a cargo de The New York Times, en las que diversas mujeres han señalado que el dirigente sindical, una de las personalidades más respetadas en la historia del activista estadunidense, habría cometido abusos sexuales a menores de edad en los que se incluyeron manipulación y grooming.
Estos abusos no fueron un caso aislado, pues se repitieron durante décadas con un patrón de comportamiento. Incluso su propia compañera de lucha, Dolores Huerta, que fue figura clave en la lucha por los derechos de los agricultores y con quien fundó el sindicato Unión de Campesinos, también se sumó a las denuncias. Lo señaló no sólo por violación: como producto de las agresiones de Chávez, Huerta tuvo dos hijos que posteriormente entregaría a otras familias para que los criaran.
No faltarán quienes se rasguen las vestiduras y reclamen –aludiendo al manual de la víctima perfecta– por qué las denuncias tardaron tantos años y se llevan a cabo ahora que el presunto culpable está a punto de cumplir 33 años de muerto.
Sin embargo, hay que destacar que las víctimas sí rompieron el silencio, algunas de ellas en su momento, con su círculo de confianza. Y no sólo eso: incluso el sindicato y las organizaciones campesinas estaban enteradas de estas denuncias y hay archivo y testimonios que así lo corroboran. No obstante, se decidió preservar y anteponer la figura del caudillo, alegando la defensa del movimiento por encima de la dignidad de las sobrevivientes de la violencia sexual. algo que no resulta extraño.
Porque, por desgracia, cuando ocurren abusos dentro de agenda sociales o de lucha en movimientos que irónicamente buscan la justicia social, por lo general se privilegia la agenda por sobre la persona. Como si fuese posible conseguir justicia social pisoteando y destrozando la dignidad de las personas que integran el movimiento, pues en el caso de las víctimas de César Chávez, éstas eran hijas de líderes del sindicato o personas allegadas a éste.
De esta forma, las víctimas son obligadas a callar y se les considera un daño colateral o político que se debe de tolerar en aras de preservar algo “mayor”. Frente a “la causa”, la dignidad humana no vale lo suficiente… o al menos no la de una mujer.
Y es así como se comienza la construcción del culto a la personalidad de un líder, en el que cualquier cuestionamiento o señalamiento se ve como traición a la agenda social y se desplaza a las víctimas por la preservación de la imagen del líder. Cuando esto ocurre, la justicia se demora o nunca llega.
En este caso tardó, pero llegó. Las mujeres que lo denunciaron, entre ellas Dolores Huerta, entendieron que el movimiento era mucho más que un hombre o el culto a su personalidad. Que el movimiento también era de ellas, de mujeres que lucharon y marcharon porque la causa también las incluía.
Como sociedad, una vez más, debemos recordar que el problema de fondo no es sólo la existencia de abusos, sino la persistencia de contextos donde denunciarlos resulta más disruptivo que cometerlos. Debemos de aprender que sí se puede… denunciar al líder.