"El que busca, encuentra", dicta la sabiduría popular. Un dicho que en la práctica geopolítica actual adquiere un significado especial cuando la búsqueda del poder político se traduce en el desmantelamiento de las garantías fundamentales del ser humano.
El reciente incidente protagonizado por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, al exhibir en redes sociales a activistas de la flotilla Global Sumud sometidos a condiciones de humillación, atados y arrodillados, no representa un evento aislado de seguridad, sino una ruptura con los protocolos del derecho internacional.
El fundamento de esta crítica va más allá de la simpatía ideológica por la causa de la flotilla y se ancla en la vulneración de los estándares estipulados en las Convenciones de Ginebra y el derecho marítimo por decir algunas. Al interceptar embarcaciones en aguas internacionales, el Estado israelí está sujeto a normas de trato humano que fueron deliberadamente ignoradas en favor de una puesta en escena de tono político.
La difusión del video no tuvo fines operativos, sino el de generar una narrativa: utilizar la humillación del "otro" como un capital simbólico para alimentar una base electoral que exige demostraciones de fuerza por encima de la legalidad. Porque a últimas fechas estas gestiones tan al estilo Bukele –que no son otra cosa que refritos de las gobernanzas autoritarias militares– son las admiradas.
Las reacciones diplomáticas han sido una prueba de la gravedad del acto. La condena abierta y sin tapujos desde España, Turquía, Francia y los Países Bajos no constituye un simple gesto de cortesía diplomática, sino una respuesta ante la erosión de los derechos humanos. Incluso dentro del propio gabinete de Benjamín Netanyahu, la distancia marcada por ministro de relaciones exteriores Gideon Saar evidencia una fractura interna: el choque entre la necesidad de mantener una fachada de Estado democrático y el impulso de una derecha radical que confunde la gobernanza con el autoritarismo.
Este escenario revela una dinámica peligrosa de semejanzas entre extremos. Por un lado, la derecha dura que instrumentaliza la ley para fines punitivos y, por otro, sectores radicales que buscan la confrontación para validar sus narrativas de opresión. Esta dialéctica del conflicto crea un vacío político donde el populismo se instala como único árbitro. Cuando la política abandona la trinchera de la razón para refugiarse en el espectáculo de la dominación, los derechos humanos quedan sujetos a la indignación colectiva.
La normalización de la humillación es el síntoma más claro de una sociedad en declive. Si la gestión pública se reduce a la degradación del contrario y lo convierte en objetivo a destruir, se desmantela el contrato social que permite la convivencia en la diferencia. La historia es la memoria colectiva de cómo los Estados que renuncian a la ética por el poder terminan por socavar su propia legitimidad ante el (des)concierto de las sociedades. Mantener un Estado de derecho implica, antes que cualquier otra cosa, la capacidad de que prevalezca la dignidad humana incluso en la coyuntura del conflicto; de lo contrario, el orden no es más que una antesala del caos.