Al parecer la congruencia no está disponible en estos días en Chile. Resulta irónico que la sociedad chilena se lamente con horror y hasta asombro de un panorama institucional que comenzó a gestarse el día en que se decidió apostar por el retroceso de sus propias protecciones históricas en las elecciones que le dieron la victoria a José Antonio Kast. Pero, más allá de lo innombrable de este decreto, resulta asombroso que se diga sorprendida la sociedad chilena.
Recientemente en Chile, una investigación periodística reveló que el Ministerio de Justicia chileno firmó 56 decretos para otorgar rebajas de pena y libertad a condenados por abuso sexual y violación de menores. Al principio, tras salir a la luz el hecho, el Gobierno no asumió una autocrítica inmediata ni cortó por lo sano; salió a defender y justificar lo hecho, escudándose en que era un trámite burocrático obligatorio y una supuesta "doctrina" jurídica heredada.
Pero como es costumbre, no por conciencia ni por los sobrevivientes, sino con la arena pública en llamas y el descubrimiento de que la mayoría de los agresores ya estaba libre sin notificar a las víctimas, el Ejecutivo tuvo que detener la tramitación de nuevos decretos. Asimismo, se vio obligado a prometer proyectos de ley urgentes para cerrar este vacío legal, pero eso sí, el presidente Kast se encargó de blindar al ministro de Justicia y evitar así dimisiones políticas.
Durante décadas, la sociedad chilena cargó con las cicatrices de una dictadura atroz y construyó con dolor un andamiaje jurídico garantista diseñado para blindar la dignidad humana frente al abuso del poder. Sin embargo, el empuje de las agendas conservadoras ha buscado sistemáticamente desmantelar esa cultura de derechos: minimizan las violencias estructurales, tachan el enfoque de género o de protección como una mera ocurrencia "progre" y apuestan por un punitivismo selectivo que promete seguridad en los discursos, pero erosiona los filtros de protección en la práctica.
Al final, la verdadera tragedia de fondo radica en la trampa que ha cundido en el escenario social mundial. Se desecha el garantismo protector bajo la promesa de una supuesta eficiencia y orden, de una “mano dura justa” que fue blanda con los criminales y dura con las víctimas. Así, el cálculo político ante las bases se antepuso a la defensa de los derechos humanos y es aquí cuando las fronteras de la dignidad social se rompen, demostrando que debilitar las barreras de la justicia social siempre tiene consecuencias.
Porque Kast prometió punitivismo pero para sacar a los contrarios. Así se empoderó a las voces de derecha que confunden derechos con debilidad y, en una ceguera justiciera que en su afán de borrar todo lo que sonara progre, prefiere liberar delincuentes sexuales que mantener las garantías mínimas para la sociedad. No obstante, ese es el costo de olvidar la memoria histórica y descender a los abismos del olvido de un pasado que no debió suceder ni aspirar a repetir jamás.