En el año 2016, después de más de ocho años de servicio, nueve perros policía fueron jubilados, haciendo historia en nuestro país. De acuerdo a su especialidad y entrenamiento, los oficiales caninos participaron en operaciones de detección de narcóticos, papel moneda, armas de fuego, municiones, explosivos y casos de desastre, en auxilio a la población. Fueron nueve perros y perras muy afortunados.
En México no hay estadísticas sobre el número de perros “de trabajo”. En el caso de instituciones policiales, una minoría son donados por otras naciones, resultado de una selección especial y con un seguimiento específico.
El resto, cualquiera que sea el número, probablemente provengan de algún criadero y “terminaron” de policías. Algunos se volverán famosos, serán utilizados como productos publicitarios, serán enviados a otros países y aparecerán en programas de televisión. Incluso se podrán hacer concursos para ponerles nombre.
Tendrán varios finales: trabajar hasta morir y en el descuido, ser dados de baja en su calidad de bien mueble con una inyección letal o en muy pocos casos, reciban una jubilación digna mediante una adopción supervisada. Aunado a ello, cuando haya una negligencia, ya sea porque durante una inspección estuvo en contacto con drogas o porque se le expuso a riesgos innecesarios, no habrá consecuencias para nadie, sino solo lamentaciones ante el “pobre animalito”.
Aunque se avanza en las leyes de protección animal, a las y los oficiales caninos en instituciones de seguridad, pareciera que les espera lo mismo que al policía: se les acaricia cuando causan gracia, pero se les ignora y deja en la indefensión la mayor parte del tiempo, especialmente en sus años finales.
¿Cuáles son las condiciones en las que deben ser resguardados?, ¿cómo dar seguimiento a su salud?, ¿cuántas horas deben trabajar a diario?, ¿a qué edad se pueden y deben jubilar?
De seguirles considerando “bien mueble”, entrarán bajo la lógica de la racionalidad de los recursos públicos: para asignarles un gasto, tiene que haber una justificación de productividad para el mismo.
¿Quién querría pagarle croquetas y medicinas a un perro que ya no puede salir al servicio? Y por ello, se les da “de baja” mediante una inyección letal.
Para jubilar a los nueve oficiales caninos de los que hablamos al inicio de este texto, se reformó el reglamento institucional, se firmaron convenios de colaboración y se establecieron protocolos y mecanismos de seguimiento. Y lo que debió ser una nueva política pública de respeto a la vida en todas sus formas, fue enterrada por la política, en el mismo lugar que son enterrados los perros de servicio: en un lugar cualquiera, en el territorio del olvido.
Por ello, la protección de las y los oficiales caninos, así como de todos los perros de trabajo, tiene que estar establecida en ley para que sea una obligación brindarles dignidad y respeto. Las y los policías lo agradeceremos, en lo que esperamos nuestro turno de correr con la misma suerte. Porque con algo se empieza.