Es muy sospechoso que quienes deciden cuánto debe costar el transporte público casi nunca lo usan. No lo huelen, no lo esperan, no se suben con mochila, con sueño, con prisa. Lo determinan desde una distancia que algunos llaman análisis y otros podríamos llamar ignorancia. Ajustan tarifas y parece que no tienen ni puta idea de las repercusiones que esto tendrá en gran parte de la población.
Para miles de personas en Jalisco el camión no es un tema de debate, es el primer obstáculo del día. No es “movilidad”, es llegar o no llegar. Es salir con una hora de margen porque la frecuencia falla. Es ver pasar una unidad llena y luego otra y luego ninguna. Es no saber si la tarjeta servirá o si habrá que pagar doble. El transporte público no es solo deficiente, es impredecible. Esa imprevisibilidad agota más que el cansancio físico, porque obliga a organizar la vida alrededor de una falla.
El discurso oficial, como todas las veces, habla de ajustes técnicos, sostenibilidad, modernización. Palabras correctas, bien peinadas, que no sudan. El gobierno puede decir lo que quiera y, en cierto modo, ni modo que salga a declarar que lo que hace está mal. Ninguna administración firma su propia autocrítica. Entre lo que se anuncia y lo que se vive hay un hueco que no se tapa con comunicados. Se habla de porcentajes, de viabilidad financiera, de modelos de costo, pero no del tiempo perdido, del salario que se va en trasbordos, de la ansiedad de quien sabe que llegar tarde puede costarle el trabajo. El aumento de tarifa no es solo un cambio de cifra. Es una muestra de quién absorbe siempre el impacto.
El fin de semana hubo manifestaciones contra el tarifazo. Caminaron, levantaron carteles, gritaron consignas. No eran multitudes, pero tampoco eran fantasmas. Sin embargo, la cobertura fue mínima. Protestar desde abajo parece no tener el mismo volumen noticioso. El descontento de quienes dependen del transporte se toma como un murmullo. Esa lógica se repite en distintos casos: madres que buscan hijos y reciben trámites, mujeres violentadas que reciben dudas, niños maltratados que reciben silencio. En las luchas contra la injusticia se repite una escena constante. La gente parece estar sola.
Cuando el mal servicio se vuelve rutina, la exigencia empieza a verse como exageración. Se normaliza que el camión no pase, que la puerta se cierre en la cara, que el elevador no funcione, que el trayecto tome el doble de tiempo.
El transporte público revela la jerarquía real de una ciudad. No la que se presume en redes sociales, sino la que se vive antes del amanecer. Una urbe que habla de innovación mientras normaliza esperas interminables está diciendo, sin decirlo, quién importa menos. No se trata de negar costos ni de fingir gratuidades. Se trata de algo elemental. Si una política pública recae sobre quienes menos tienen, lo mínimo es que quienes la firman sepan lo que pesa.
Viajar no debería ser una prueba diaria de resistencia. Debería ser un derecho que funcione. Cuando moverse por la ciudad se convierte en desgaste continuo, el enojo deja de ser dramatismo y se vuelve lucidez. Lo verdaderamente alarmante es que parezca que nadie ve ni escucha nada. ¡Me hierve el buche!