Emigrar por el puro gusto

Frente al tema migratorio entre México y Estados Unidos, al menos dos aspectos figuran de manera general en el nuevo proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador: la emigración y la situación de los connacionales en Estados Unidos. Sin ahondar demasiado en el cómo, AMLO ha prometido insistentemente desde su campaña presidencial reducir la salida de mexicanos y convertir la red consular mexicana en Estados Unidos en procuradurías promigrantes.

El plan consiste en inhibir la emigración mediante la generación de empleo en México y lograr que la salida de mexicanos sea, en palabras de AMLO, “económicamente innecesaria”. Sin embargo, recordemos que el inicio formal de la emigración mexicana hacia los Estados Unidos no se debió precisamente a la falta de oportunidades de empleo en México, sino a una demanda explícita de trabajadores agrícolas a través del Programa Bracero a mediados del siglo pasado. Tampoco olvidemos que la emigración de mexicanos ha disminuido y aquellos volúmenes, que casi alcanzaron el medio millón de eventos en 2005 [según la Encuesta Continua de Población (CPS)], no han vuelto a presentarse. Un momento claro en esta disminución fue en 2007-2008, cuando la emigración fue “económicamente innecesaria” no por la creación de empleos en México, sino por la recesión en la que se encontraba EE.UU. En realidad, la dinámica de la migración mexicana en ambas direcciones ha dependido en buena medida de la conveniencia económica y la ambivalente política migratoria de Estados Unidos.

La cuestión es muy compleja, pero es cierto que por algún lugar hay que empezar. Efectivamente, la falta de empleo –particularmente de trabajo decente en los términos descritos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “Empleos productivos, con salarios justos, seguridad social, desarrollo personal y social”– ha constituido durante años una causa del éxodo mexicano hacia nuestro vecino del norte, pero no es la única. La inseguridad en México, la búsqueda de reunificación familiar y el atractivo de aventurarse y vivir en un país mucho más rico que el propio también han incentivado este flujo.

Preguntémonos desde un pensamiento utópico si los factores históricos que han determinado la emigración pueden cambiar; si la instrumentación de políticas en México que privilegien el desarrollo endógeno sobre el modelo neoliberal podría impulsar dicho cambio; y, si la distribución de la riqueza en nuestro país puede ser una realidad. Esto no es imposible, pero cuando suceda habrán pasado décadas; mientras tanto el nuevo Gobierno Federal tiene la encomienda de adoptar e instrumentar una política dirigida al manejo de la emigración que ocurre hoy.

Según datos de la CPS, en 2015 emigraron poco más de 200 mil mexicanos, quienes, bajo distintos estatus migratorios, llegaron a engrosar las filas de los casi 12 millones de personas de origen mexicano que residen allá. Como sabemos, el clima anti-inmigrante promovido por el gobierno trumpista está poniendo en jaque el cumplimiento de los derechos humanos de los connacionales y, ante ello, la estrategia de acción de Andrés Manuel es sustituir los consulados por procuradurías. ¿Qué significa esto y cómo beneficiaría en la práctica a la comunidad mexicana?

Desde los años noventa, el Estado mexicano ha buscado vigilar y proteger los derechos de los mexicanos a través de su red consular en EU. Sus funciones convencionales (administrativas, legales y diplomáticas) se han ampliado para cubrir necesidades sociales que incluyen servicios educativos, de salud, deportivos, culturales, asesoría financiera y jurídica. Aun así, existen problemas en materia de cobertura, financiamiento y capacitación al personal para mejorar el trato a los mexicanos. ¿Las llamadas procuradurías subsanarían estos huecos? Por ahora muchas preguntas quedan en el aire.

Yetzi Rosales Martínez