En La Noria, barrio del municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, entrevisté a una familia guatemalteca. La pareja huyó de Guatemala cuando tenían 16 años, su aldea fue incendiada por el ejército en aquel genocidio conocido como de arrase.
La vida de estas personas, su tranquilidad y sus medios de sobrevivencia vuelven a estar en riesgo de este lado de la frontera sur. El riesgo, las amenazas, la violación de los derechos humanos, los asesinatos tienen en zozobra a miles de personas en Chiapas. Las disputas entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación y sus aliados en Guatemala tienen sitiados a poblados enteros.
En el imaginario de los otros Méxicos se sigue viendo a Chiapas como un lugar de raíces precolombinas y un gran destino turístico. Esas imágenes han sido trastornadas.
Para el caso del norte de México hemos atestiguado desplazamientos forzados por la violencia del crimen organizado, solo recordemos varias poblaciones de Tamaulipas. Pero nos parecía poco problable un escenario donde los desplazamientos por estas mismas razones se dieran de México a Guatemala.
A diferencia de zonas y estados con alto nivel de inseguridad como tierra caliente, Tamaulipas, partes del Bajío, Zacatecas, Sinaloa, etcétera, Chiapas representa un caso de violencia y crisis humanitaria transnacional. Ante esto las autoridades locales tienen poco qué hacer, es el nivel federal el que debe demostrar capacidad para tomar el control y erradicar las fuentes de la tortura social. No sé de dónde podemos pensar con optimismo cuando hemos visto la ineficiencia con que han manejado otros casos en el mismo estado de Chiapas: Tapachula.
El carácter transnacional no solo está dado por los brazos de la delincuencia organizada en los dos lados de la frontera, sino por la acción del propio Estado mexicano, donde su preocupación había estado en administrar y ahora contener la migración proveniente del sur. Es por eso que cabe la duda: si no se ha hecho un trabajo humanitario y efectivo en la cuestión migratoria, ¿cómo podrán a la vez someter a los grupos criminales que ya controlan la zona?
Para entender la situación a que llegaron municipios como La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera, Bella Vista, resulta de mucha utilidad el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”, elaborado por Colectivo Monitoreo-Frontera Sur, entre otras asociaciones de la Sociedad Civil en enero de 2024. Es de este informe en que me apoyo para el siguiente panorama.
Según el informe citado, desde 1998 la DEA consideraba la selva en su frontera con Guatemala como un corredor clave para el tráfico de drogas. Solo que años después ya no son preocupantes los estupefacientes, sino el despojo de tierras y la producción, la extorsión, el cobro de piso, el reclutamiento forzado o convenido, los secuestros, el abuso sexual, los asesinatos. Todo ello lleva a la población a un estado de sitio, temor e indefensión y a los delincuentes al control del territorio. Es en 2021 cuando por fin los medios llaman la atención sobre Chiapas por las disputas entre los dos grupos criminales.
Los hechos de barbarie propios de pueblos desamparados son innumerables de ataque con bombas molotov al Palacio Municipal de Frontera Comalapa; asesinato de un presidente municipal; bloqueos carreteros; en 2023 la “guerra de los 4 días” entre grupos rivales; explotación sexual; cierre de comercios y hasta despojo de mercados completos; prohibición a los agricultores de acercarse a sus parcelas; corte de suministros básicos como alimentos, gasolina, gas, luz eléctrica y de telefonía, cierre de caminos para salir de sus comunidades; suspensión de clases en el nivel básico y medio superior, así como servicios de salud; desapariciones forzadas; asesinatos. También ha sido vulnerado el derecho a la manifestación y organización: se ha impuesto la obligación de “pedir permiso” para realizar fiestas y celebraciones como cumpleaños, bodas, fiestas patronales, actividades reacreativas y en algunos lugares han sido impuestos toques de queda.
Despojar de tierras, ganado, viviendas es una forma efectiva de control territorial; pero hay otra actividades que solo pueden darse con la complicidad gubernamental como es el caso de la explotación mineral, control de precios de productos agrícolas, control del agua para el riego.
La población se ha manifestado ante la incompetencia de las autoridades. En septiembre de 2023 se manifestaron alrededor de 10 mil personas en la cabecera de Siltepec exigiendo paz y tranquilidad, y así se han visto otras tantas manifestaciones, pero también han reaccionado los delincuentes al asesinar a quienes animan y han liderado esas protestas.
De los cacicazgos históricos en Chiapas quedaron reminiscencias de grupos paramilitares y ahora en la presente administración federal con la remilitarización (después de la militarización por el levantamiento zapatista) han surgido dinámicas del conflicto donde la población levanta la voz contra la ocupación de territorio indígena sin consulta previa; reactivación del miedo en la población, en especial de las mujeres por los abusos sexuales; instalación de cantinas y prostíbulos para el servicio de integrantes de las fuerzas de seguridad.
¿Podrá resignificar la próxima administración federal la idea de los megaproyectos? Un megaproyecto es lograr el bienestar, la tranquilidad y la seguridad de las poblaciones hoy en poder del crimen organizado.
Camilo Contreras Delgado
El Colegio de la Frontera Norte