La semana pasada se anunció un nuevo frente de la administración Trump contra la población inmigrante con estatus irregular en aquel país. A través de distintas instrucciones al Departamento del Tesoro, el presidente busca reducir los riesgos de seguridad nacional –así lo define– por dar créditos y ofertar servicios financieros a población inmigrante no autorizada y sujeta a deportación; y de igual manera, en el caso de los empleadores, busca evitar los riesgos por emplear de manera formal a personas sin autorización de residencia.
La iniciativa llamada Restoring Integrity to America’s Financial System argumenta que los bancos y otras instituciones financieras están en riesgo al conceder hipotecas, créditos de auto, tarjetas de crédito o cualquier otro tipo de crédito financiero a personas inmigrantes con estatus migratorio indocumentado.
Su iniciativa va contra aquellas personas que pagan impuestos a través del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN por sus siglas en inglés) aún con estatus migratorio irregular. En los años 90, el Departamento del Tesoro emitió el ITIN para quienes no contaban con un número de seguro social y debían realizar su Income Tax o pago de impuesto sobre el ingreso. Con el paso del tiempo, quienes no cuentan con documentación de residencia legal han utilizado el ITIN para acceder a servicios financieros, tal como abrir una cuenta bancaria o solicitar diferentes tipos de crédito.
Además de utilizar el ITIN como medio para identificar a personas migrantes con estatus irregular, la iniciativa incluso refiere que el uso de tarjetas de identificación consular durante trámites financieros es un riesgo para la integridad del sistema.
Ya desde el año pasado se informaba que el Departamento de Seguridad Nacional solicitó a la oficina de Servicio de Impuestos Internos (IRS) información de los contribuyentes para facilitar su trabajo de deportación; sin embargo, las autoridades reguladoras deben salvaguardar el acceso a datos personales sensibles amparados en el secreto bancario. Habrá que esperar la consulta del Departamento del Tesoro con las entidades reguladoras y ver si logran un acuerdo.
La intención del Gobierno federal es modificar los criterios y requisitos para los usuarios del servicio financiero, lo que incluye recopilar información sobre el estatus migratorio de las personas. De igual manera, la orden ejecutiva considera reforzar los requisitos para identificación de clientes y cambios en la forma cómo se aplica la ley del secreto bancario.
Según el Tax Policy Center, se estima que 11 millones de inmigrantes sin autorización de residencia pagaron cerca de 100 millones de dólares en impuestos durante el año 2022, y de acuerdo con el Institute on Taxation and Economic Policy, ese mismo año, 33.9 millones de lo recaudado se destinó a programas de seguridad social, desempleo y Medicare, servicios públicos que al final del día no usan las personas inmigrantes por temor a las consecuencias por su estatus migratorio. La pregunta es si el gobierno del presidente Trump ha tomado en cuenta estos datos a la hora de firmar su orden ejecutiva o si considerara, más allá del discurso, que los costos por deportar a contribuyentes fiscales son menores que los beneficios por sacarlos del país.
Blanca D. Vázquez*
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Monterrey
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