La economía en México estaba en declive desde 2019, cuando según el Inegi, el PIB cayó 0.1% respecto del 2018, siendo que antes de la llegada de AMLO al poder se esperaba que creciéramos 2.2% dicho año, según las encuestas entre especialistas del sector privado del Banco de México. AMLO había prometido un crecimiento promedio anual de 4%.
La cancelación del aeropuerto, el freno de las subastas de energías limpias y las rondas petroleras generaron incertidumbre y ahuyentaron inversiones. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como el proceso de renegociación del tratado de libre comercio (T-MEC) entre Estados Unidos, Canadá y México complicaron el panorama.
Con la llegada del covid-19, las previsiones para México son más catastróficas, de una caída de hasta el 8.6% del PIB para el 2020, según el pronóstico de los especialistas consultados por el banco central y la destrucción hasta el momento de más de 12 millones de empleos según el Inegi.
Para proteger el empleo se necesita un gran pacto como en el sexenio de Miguel de la Madrid, en que tanto gobierno, como empresas y sindicatos se comprometan para salir del descalabro económico que vivimos.
Ello implicará mejorar las relaciones entre el gobierno e inversionistas. Consultas como la de Constellation Brands en Mexicali, que cancelaron inversiones ya ejecutadas tan necesarias para el país no deben ser repetidas así si se desea atraer inversiones. Se deben de llevar a cabo antes de comenzar las inversiones y con mecanismos formales de representación y votación.
De parte del poder legislativo dominado por Morena, dado que no existe un seguro de desempleo en el país más allá de la Ciudad de México, debe gestionarse, como ya se ha propuesto, ante las Afores, que los retiros por desempleo, que ya estaban en máximos históricos antes del covid-19, no impliquen la pérdida de semanas cotizadas, ya que los trabajadores tendrían que retirarse a una mayor edad.
De acuerdo con la Condusef, estos retiros se pueden hacer solo una vez cada cinco años. Se pueden retirar mínimo 30 días y máximo 90 días del salario base de cotización. Dada la emergencia sanitaria deben hacerse los cambios legales necesarios para que:
1.- No se pierdan las semanas cotizadas de los trabajadores que se quedaron sin trabajo a partir de que se decretó la emergencia sanitaria.
2.- Que los retiros puedan llevarse a cabo a pesar de que aún no se cumplan los cinco años del retiro anterior.
3.- Que los salarios diarios máximos retirados puedan pasar de 90 días a 180 días, es decir, seis meses, si no se encuentra aún trabajo formal y pueda ampliarse otro tanto si se comprueba que se ha buscado sin encontrarse.
Los retiros y las semanas cotizadas deberán recuperarse una vez que termine la emergencia y antes de la edad de retiro de forma tripartita entre gobierno, empresas y trabajadores.
Por parte de las empresas, hacer lo posible por no despedir trabajadores de forma acelerada. Esto será posible si y solo si el gobierno ayuda a las empresas a disminuir los costos laborales y la carga impositiva. Debe permitirse postergar los pagos al IMSS e Infonavit de aquellas empresas que estén en cierre por la contingencia sin intereses moratorios de por medio.
De parte de los sindicatos deben usar al máximo sus fondos para esquemas de protección social autónoma del gobierno, en lo referente a préstamos para sus agremiados activos y jubilados, ayuda funeraria, apoyo escolar, apoyo para despensas, etcétera. Los remanentes de las cuotas sindicales que se han venido acumulando durante mejores épocas deben servir ahora para apoyar la economía de la familia de sus agremiados.
El gobierno debe reorientar el gasto inmediatamente. Postergar sus megaproyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, que mucho nos ha costado ya tomando en cuenta la inversión destruida en el aeropuerto de Texcoco, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Ese dinero debería utilizarse en más préstamos a las pequeñas y medianas empresas tanto formales como informales, incentivos para proteger el empleo, fortalecer al sector salud y aumentar la capacidad instalada y condiciones de sanidad de las estancias infantiles, que serán ahora más necesarias cuando la actividad económica inicie y no así las actividades escolares.
Los sectores más afectados por el confinamiento, sobre todo el turismo, deben ser apoyados de forma prioritaria, con garantías por parte del gobierno para obtener préstamos, condonaciones fiscales y postergación sin intereses de costos laborales.
No se puede pensar que la economía se recuperará por arte de magia una vez que el confinamiento termine. Como diría John Maynard Keynes sobre las ideas de Adam Smith: si dejamos que todo se solucione por la magia del libre mercado en el largo plazo, para ese entonces todos estaremos muertos.
Doctor Jesús Rubio Campos
Investigador del Laboratorio de Estudios del Trabajo de El Colegio de la Frontera Norte AC y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Conacyt.