Uno de los desafíos que los gobiernos han decidido afrontar es el desarrollo equitativo de las regiones. El reto representa también una línea de interés para la economía, particularmente, la nueva geografía económica.
Sobre esto, un mismo objetivo identifica tanto a administraciones públicas como a académicos: detectar los estímulos para un crecimiento focalizado, que equilibre económicamente las zonas y disminuya las brechas regionales. Para este propósito, es posible enumerar un conjunto de estrategias que, en términos generales, se basa en incentivos que alienten a las regiones a descubrir, consolidar y multiplicar sus vocaciones productivas.
De acuerdo a proyecciones del INEGI-Banxico, en el último cuatrimestre de 2015, el sur-sureste tuvo una variación porcentual de -1.7 en términos del índice de volumen físico de la producción, a diferencia del norte que presentó un crecimiento de 4.6 y el centro-norte 3.1.
En consecuencia, el impulso del gobierno resulta determinante para el desarrollo de cada zona. Sin embargo, es la articulación de esfuerzos sociales, una visión incluyente y un ejercicio de planeación estratégica, factores que lo posibilitan.
México ha dado pasos firmes con el fin de atender diversas zonas, mismas que, por sus índices sociales y económicos, demandan ser potenciadas a través del desarrollo regional.
El 27 de abril pasado, a partir de una iniciativa presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, el Congreso debatió y aprobó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, referente a aquellas áreas geográficas del territorio nacional diagnosticadas con características socioeconómicas particulares, y en las que se proyecta transformarlas. Capital humano, innovación, infraestructura y formación competitiva, entre otros, son elementos que intervendrán y se traducirán en esquemas para lograr que las regiones identificadas alcancen índices de desarrollo y bienestar equiparables a otras zonas del país.
La Ley reconoce a Puerto Madero, Chiapas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Coatzacoalcos, Veracruz y el Corredor Transístmico de Salina Cruz, Oaxaca, como las primeras cuatro zonas objeto de esta novedosa política. Programas financiados con recursos públicos y privados, así como beneficios fiscales, laborales y arancelarios, serán enfocados a dichas regiones para ofrecer un escenario excepcional de negocios, atraer inversión, generar empleos de calidad y constituir nuevos polos de producción.
Esta regulación, y su posterior planificación e implementación, contribuirá, adicionalmente, a que los mexicanos se desenvuelvan en un entorno de igualdad de oportunidades, sin importar el lugar de su nacimiento.